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Es por el asesinato de Roberto Castañeda González, secuestrado e incinerado a manos de la policía en 1989. En 2011 la ONU había sancionado a la Argentina por este resonante caso. La Legislatura debe tratar el pago del resarcimiento.

A 23 años de un caso de gatillo fácil, la Provincia giró el pedido de indemnización

Por UNO

Veintitrés años después del crimen a manos de la policía del joven Roberto Castaneda González, y de una dura sanción de la ONU por este caso de gatillo fácil, la provincia giró a la Legislatura el tratamiento del pago de 300 mil pesos para resarcir económicamente a la familia.

Este monto fue avalado este miércoles por la Cámara de Diputados local. Se indemniza "por todo concepto" a la madre de Castañeda González por 210 mil pesos y 65 mil pesos son para los honorarios de los abogados. Ahora la norma deberá ser tratada por el Senado.

Roberto tenía 25 años cuando el 10 de septiembre de 1989 fue secuestrado y asesinado por efectivos de la Policía de Mendoza y su cuerpo hallado calcinado en la zona conocida como el Pastal, en el departamento de Lavalle, dentro de su camioneta.

En mayo del año pasado la comisión de Derechos Humanos de la ONU sancionó a la Argentina por este caso de gatillo fácil en Mendoza y recomendó al Estado profundizar la investigación del crimen, realizar un juicio justo, reparar a la familia de la víctima y evitar que se vuelvan a producir hechos similares.

Detalles del crimenEl ca­so Cas­ta­ñe­da fue el pri­me­ro de una lis­ta de eje­cu­cio­nes, de­sa­pa­ri­cio­nes y tor­tu­ras lle­va­das a ca­bo por efec­ti­vos de la po­li­cía men­do­ci­na en ple­na de­mo­cra­cia con­tra dis­tin­tos ciu­da­da­nos locales con y sin an­te­ce­den­tes pe­na­les. Quizás el más emblemático haya sido el de la desaparición de Cristian Guardati, ocurrida en 1992 luego de que uniformados lo interceptaran en el barrio La Estanzuela, en Godoy Cruz.

Car­los Va­re­la Ál­va­rez, abo­ga­do de la fa­mi­lia Cas­ta­ñe­da, re­cor­dó alguna vez en una entrevista concedida hace tiempo a Diario UNO que “en­tre la no­che del 8 y la ma­dru­ga­da del 9 de se­tiem­bre de 1989 Ro­ber­to co­mió un asa­do con unos ami­gos y no vol­vió nun­ca más. Esos ami­gos di­cen que vie­ron un mó­vil po­li­cial si­guien­do su ca­mio­ne­ta. Al otro día el ve­hí­cu­lo de Ro­ber­to Cas­ta­ñe­da apareció que­ma­do en El Pas­tal, La­va­lle. En el in­te­rior se ha­lla­ron res­tos óseos cal­ci­na­dos, en­tre ellos el crá­neo, con evi­den­cia de ha­ber re­ci­bi­do un dis­pa­ro de ba­la”.

El le­tra­do había precisado que “esos res­tos nun­ca se iden­ti­fi­ca­ron por su gra­do de car­bo­ni­za­ción y en la es­ce­na del cri­men se ha­lla­ron hue­llas de bor­ce­guíes y una vai­na de un pro­yec­til 9 mi­lí­me­tros co­mo los de la po­li­cía”.

“Aque­llos ami­gos que lo vie­ron por úl­ti­ma vez y re­fi­rie­ron que la ca­mio­ne­ta de Ro­ber­to era se­gui­da por un mó­vil po­li­cial, un Re­nault 12, tiem­po des­pués fue­ron se­cues­tra­dos por po­li­cías, lle­va­dos en un mó­vil has­ta Pa­pa­ga­yos don­de los pu­sie­ron en po­si­ción de ser eje­cu­ta­dos y les ad­vir­tie­ron de que si no se ca­lla­ban iban a ter­mi­nar co­mo Cas­ta­ñe­da”, contaba el abogado en aquella oportunidad.

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