Los dos allanamientos ordenados por la Justicia Federal a dos supermercados chinos podrían ser la punta del ovillo de una investigación para desarticular una organización que podría dedicarse a la trata laboral de personas.
Es que durante los operativos los inspectores de Migraciones detectaron serias irregularidades en la documentación de al menos cuatro personas que trabajan en estos establecimientos.
A partir del material secuestrado en el supermercado “La Familia”, ubicado en avenida Moreno al 900, se abrió una causa en el Juzgado Federal para determinar si existe algún delito relacionado con la trata de personas.
Lo cierto es que hay dos mujeres de origen oriental con irregularidades, una de ellas que no tiene documentos y se desconoce su identidad, y dos hombres con permisos de ingreso al país vencidos.
La otra mujer tiene su pasaporte al día pero no tiene las visas de ingreso a la Argentina y según el último sello ingresó por Perú a Sudamérica.
En este escenario, se suma otro allanamiento a una propiedad donde residirían estas personas que trabajan en ese supermercado.
Allí los inspectores y la Fiscalía Federal encontraron ropa para niños pero no hallaron a ningún menor. Se estima que en ese lugar han vivido, recientemente, no menos de 15 personas pero en el operativo se constató que sólo cinco habitaban el predio ubicado sobre Moreno al 800.
Este dato se suma a otro muy llamativo que está vinculado con la relación laboral que mantenían estos trabajadores con el supuesto dueño del fondo de comercio. Es que ninguno de ellos pudo presentar un recibo de haberes que lo acredite como empleado del supermercado.
A esta cadena de irregularidades se suman las habilitaciones municipales del establecimiento vencidas, el secuestro de mercadería con fechas caducas, documentación que certifica traspasos continuos del fondo de comercio y la ausencia del dueño que aparentemente retornó a su país de origen. El combo se cerró con el hallazgo de varios pasajes a otros países y documentación de vehículos radicados en San Luis que llamaron la atención de los investigadores.
En este marco, la Justicia comenzó de acuerdo al protocolo estipulado para la investigación de este grave delito, con la tarea de la verificación de las identidades de las personas con problemas migratorios y solicitó un traductor para que declare una de las mujeres de la cual se desconoce hasta su identidad. Es que esta “supuesta empleada” trabajaba en la línea de cajas del supermercado y prácticamente no sabe hablar el castellano.
Al respecto, una alta fuente judicial señaló a Diario UNO de San Rafael, que “no sabemos nada de esta persona, ni su origen y ni siquiera cuándo podría haber ingresado al país” y agregó que “hay fuertes indicios para seguir con la investigación para determinar si existe trata laboral de personas”.
Asimismo confió que “todo nació en una denuncia que ingresó hace dos semanas al juzgado” y añadió que “por el tenor de lo denunciado el magistrado ordenó los allanamientos de los que participaron personal de Migraciones, de la Policía Federal, Derechos Humanos de la Provincia y Bromatología, que realizó el decomiso de mercadería”.
En ese aspecto, a los inspectores les llamó poderosamente la atención la cantidad de stock acumulado que debe haber significado un gran movimiento de dinero que “habrá que investigar”, dijo la fuente consultada.
La causa recién ha comenzado y todo lo actuado se encuentra en el proceso de instrucción. En ese contexto, la fuente consultada informó que “por ahora no hay detenidos y estamos recolectando pruebas para verificar algunas sospechas”.
La idea es ir a fondo en todos los aspectos, desde lo laboral hasta lo impositivo, por eso no se descarta que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tome intervención en la causa. Al respecto, la fuente consultada mencionó que “se secuestró documentación vinculada al movimiento de dinero y a los reiterados traspasos del fondo de comercio”.
Respecto a la presencia de menores en la vivienda allanada, un funcionario que participó del operativo confirmó que “se encontró ropa de niños pero no pudimos confirmar que en ese lugar había menores”.
Lo cierto es que los chinos no sólo se albergaban en esa propiedad, también hay sospechas que indican que cuatro de ellos vivieron hacinados en un cuarto dentro del supermercado.
Aparentemente, trabajaban de día en el establecimiento y de noche dormían en ese lugar, confiaron fuentes judiciales. Pese a todo esto, el supermercado sufrió algunos robos . En el último caso, este año fue visitado por boqueteros que en un golpe muy rápido se llevaron la recaudación de las cajas registradoras.
Esta causa que investiga la supuesta trata laboral en este súper no es la única en el Juzgado Federal, además hay otras seis causas del mismo tenor relacionadas con comerciantes locales.
“Es un tema muy sensible en el que hay que ir con mucho cuidado”, explicaron desde esa repartición a cargo del magistrado Eduardo Puigdéngolas.
Marcelo Schmitt