El Estado provincial fue condenado por la Primera Cámara de Apelaciones en lo Civil a indemnizar económicamente a una víctima de violación de San Rafael que sufrió estrés postraumático y depresión a causa de la impunidad de su caso. Es que el acusado se salvó de ir preso por una serie de errores de la justicia local, entre ellas la pérdida de una toalla con restos de semen que aportó la propia víctima y sobre la que nunca se hizo una prueba de ADN.
Cinco años después este hombre violó y golpeó brutalmente en un descampado a una joven de 27 años, que luego murió, por lo cual esa vez sí fue condenado y actualmente se encuentra alojado en la cárcel de San Rafael purgando una pena de 22 años de prisión.
Este caso de mala praxis judicial y denegación de justicia tiene como víctima a Norma Montaña, quien requirió tratamiento siquiátrico durante casi dos años. Su calvario comenzó el 1 de febrero de 2004 cuando estaba sola en una casa donde trabajaba, donde ingresó un hombre armado con un cuchillo y, además de robar, la violó.
El atacante fue detenido, se hizo la instrucción judicial y en mayo 2006 se llegó a un juicio oral donde el acusado, Eduardo Moreno Hevia, fue absuelto por “falta de pruebas”.
El abogado José Lorenzo Durán, quien llevó adelante la demanda por daños y perjuicios contra la provincia, consideró que hubo “cinco errores garrafales en el procedimiento que llevó a una sentencia absolutoria del imputado y todo esto porque el mismo poder judicial eliminó todas las pruebas que había en contra”.
Entre ellas, que se perdieron los hisopados con el material genético tomado a la víctima y el toallón que la víctima se pasó por el cuerpo para obtener restos de esperma del violador, teniendo en cuenta sus conocimientos de enfermera. “Lo presentó como prueba y nunca fue considerada ni por los jueces ni los fiscales, ahí estaba la prueba fundamental”.
El doctor Durán explicó que ese toallón estuvo guardado en la sala de secuestros sin que se le practicara un análisis de ADN y después del juicio fue destruido. En la demanda contra la provincia el abogado pidió una opinión de una perito, quien afirmó que si no se hubiera destruido, aún podía servir para hacer un análisis genético.
Dijo a UNO de San Rafael que otro de los errores fue que nunca le hicieron saber a la víctima que podría ser representada por un abogado en el proceso y en el juicio. “Ella no sabía, le dijeron que el fiscal se encargaba de todo, pero no se encargó de nada y así terminó el caso”.
Durán señaló que “otro error garrafal es cuando se hace el reconocimiento”, porque previamente a la víctima no le hicieron la serie de preguntas sobre las características del atacante. Y pese a que Norma reconoció al violador e incluso hizo notar que tenía un tatuaje, en el juicio los jueces anularon esa prueba porque no se cumplió con el procedimiento.
Finalmente todo ello llevó a la absolución del acusado, quien tras escuchar el fallo absolutorio le sonrió a la víctima y a partir de ahí ella comenzó con el estrés postraumático, según afirmó el abogado. Además, ambos vivían en el mismo barrio.
El letrado consideró que “seis magistrados y el titular del cuerpo medico forense nulificaron las pruebas que habían para dictar sentencia, encontrar al culpable y condenarlo”.
El caso estuvo a cargo del Primer Juzgado de Instrucción y el juicio por la Primera Cámara del Crimen, con sus respectivos fiscales. “Los jueces y fiscales que intervinieron no hay ninguno en funciones, por muerte o jubilaciones”, dijo Durán, quien recordó que “si lo hubieran condenado a Moreno en el caso de Norma Montaña, no se hubiera producido la segunda violación seguida de muerte en 2009”.
