La jueza Mariela Selvaggio, titular del Primer Juzgado de Procesos Concursales de San Rafael, informó que desde el 2012 a la fecha 800 personas físicas han pedido el concurso preventivo debido al cúmulo de deudas que han tomado en el mercado.
La gran mayoría son empleados públicos que en esas fechas disponían de los códigos de descuento que ofrecían financieras en sus haberes mensuales. Esos descuentos provocaron, en muchos casos, la quiebra de los bonos de sueldo porque algunos ni siquiera podían retirar dinero.
De estos 800 casos que se fueron tratando a la fecha sólo el 20% pudo llegar a un acuerdo con sus acreedores y al resto se le decretó la quiebra.
Se trata de empleados públicos entre los cuales la mayoría son docentes, policías y penitenciarios. El motivo del endeudamiento estuvo relacionado con créditos para la compra de bienes y servicios, salud de algún familiar, para gastar en el casino y los menos para realizar una inversión.
En este contexto, los acuerdos logrados sólo pueden afectar el 20% del sueldo, por eso muchos acredores no aceptan el arreglo o directamente no se presentan en el concurso a verificar la deuda En el caso de la quiebra, el deudor deberá responder con su patrimonio hasta solventar lo adeudado.
En este contexto, la jueza afirmó a Canal 6 que " por año unas 150 personas físicas solicitan el pedido de concurso, una cifra muy lejana al del 2002 cuando hubo una lluvia de concursos no sólo de personas físicas sino también de las principales empresas de San Rafael".
Respecto a este último punto explicó que "muchas empresas tuvieron concursos largos y recién ahora algunas de ellas los están terminando".
Es que las empresas acordaron con sus acreedores plazos extensos de financiación para seguir operando. Entre ellas las vinculadas con el rubro de la agroalimentación y varias bodegas conocidas del mercado actual.
"Al igual que en el caso de las personas físicas, no ha aumentado la cantidad de empresas que han solicitado nuevos concursos porque la mayoría viene cumpliendo con el anterior proceso", explicó la magistrada.
Quizás el más resonante de estos últimos años es del de la empresa La Colina que, según Selvaggio, "se encuentra en concurso y viene pagando sus obligaciones. Ningún acreedor ha solicitado la quiebra de la empresa".
En ese sentido aclaró que "hemos solicitado una audiencia de control de gestión a la presidenta del directorio y a unos de los directores suplentes" y agregó que "al primer llamado no asistieron y ahora pedimos una nueva para el 19 de febrero. En caso de que no se presenten se los irá a buscar con la fuerza pública".
Lo cierto es que el citado no es el dueño de la compañía que por ahora, según las últimas informaciones, estaría en Italia.
