Diario Uno La Provincia
El problema fundamental está en cómo cumplirán con los procedimientos de alta complejidad, que requieren de materiales y personal especializados. Esperan con ansias la reglamentación.

Salud no sabe con qué recursos aplicará la ley de fertilización

Luciana Morán

moran.luciana@diariouno.net.ar

Con qué recursos humanos y materiales cumplirá el Gobierno local la Ley de Fertilización Asistida Humana es una incógnita para el Ministerio de Salud de la provincia, cuya infraestructura está muy lejos de poder satisfacer procedimientos de alta complejidad.

Según evidencia la práctica, se calcula que la norma aprobada el miércoles en el Congreso de la Nación beneficiará a unas 600 mil personas en todo el país. El ministro de Salud de la provincia, Carlos Díaz Russo, afirmó ayer que “entre el 10 y el 15% de las parejas tienen problemas de fertilidad, pero el mayor porcentaje necesita la aplicación de las técnicas convencionales de fertilización y no de las complejas”.

La nueva ley abarca procedimientos de baja y alta complejidad que, en el caso de estos últimos, requieren de instrumentos que el Estado no posee. En este sentido, Díaz Russo remarcó la importancia de esperar la reglamentación (en la que deberían aclararse muchos puntos de la norma) tanto para organizar en la provincia la manera en la que se aplicará la ley (que no necesitará la adhesión de la Legislatura provincial) como para regular, por ejemplo, cuestiones como qué pasará con los embriones que se utilicen, dónde se guardarán y cómo costeará el Estado toda esa infraestructura.

“Estamos haciendo un inventario de los recursos que hay en cada hospital (tanto humanos como materiales) para llevar adelante el asesoramiento y los tratamientos de las parejas. Vamos a generar una comisión que esté vigilando lo relacionado con esto en lo estatal y privado.

Estamos trabajando para conocer con cuántos profesionales contamos capacitados para estas técnicas y si no encontramos muchos, estamos seguros de que deberemos trabajar en la capacitación de profesionales y en el armado de unidades y secciones. Probablemente, la voz cantante en todo esto sea el hospital Lagomaggiore. Se trata de una implementación programada y no urgente, entonces podremos probarla en algunos hospitales y luego extenderla”, aseguró el funcionario.

Actualmente, un tratamiento de fertilidad de baja complejidad cuesta entre 4 mil y $6 mil por pareja, mientras que un procedimiento complejo de fecundación in vitro ronda los $40 mil.Consultado acerca de la capacidad que  pueda tener la salud pública para brindar esta cobertura, Díaz Russo dijo: “Tenemos que trabajar en presupuesto, asignarlo, hacerlo con responsabilidad también. La reglamentación (que deberá conocerse en no más de 90 días) nos ayudará y debemos acercar a la parte privada esta idea de que se reducirán los costos habituales, vamos a vigilar que los costos sean los más apropiados posible. Es una regla muy clara que en la medida en que el Estado no participa en algo y son solo los privados, los costos son muy significativos. Creemos que la participación del Estado reducirá los costos”.

Adelantada

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) se adelantó a la aplicación de la ley y este año –aunque con muchos requisitos– comenzó a brindarles cobertura a las parejas necesitadas de tratamientos de fertilización de alta complejidad, ya había sumado con anterioridad los de baja complejidad.

Al no contar con los recursos para realizarlos, OSEP firmó convenios con dos prestadores privados para satisfacer las necesidades de los afiliados. En Mendoza hay unos 7 institutos dedicados a estos tratamientos, todos privados. “

Habrá que ver cómo se reglamenta la aplicación. Creo que el Ministerio de Salud de la Nación, que es la autoridad de aplicación de la ley, tendrá que reunirse con todas las partes involucradas para que salga una ley que se pueda aplicar y no origine conflictos de asistencia y judicialización en los que se le exija a un sistema que no aguante financieramente la aplicación sí o sí la ley. En este sentido, pienso que las más preocupadas son las prepagas, porque nosotros ya empezamos con lo básico”, afirmó a Diario UNO Alberto Recabarren, titular de la obra social que más afiliados tiene en Mendoza.

En efecto, las empresas de medicina prepaga del país adelantaron que le pedirán al Gobierno que las autorice a aumentar la cuota que cobran para poder cubrir los métodos de fertilización que exige la ley.

Crítica

Entre los nueve legisladores que se abstuvieron de votar por la ley en el Congreso el miércoles, hubo dos mendocinos: Omar De Marchi y Roberto Pradines.

Sobre las razones de su abstención, el diputado De Marchi explicó ayer a UNO que ambos están a favor de la ley y que no han votado en contra, sino que se abstuvieron por dos puntos: “El primero es por una cuestión de coherencia parlamentaria, porque este proyecto venía con media sanción desde el año pasado y en ese momento también nos abstuvimos porque teníamos un dictamen mucho mejor que el proyecto que se terminó aprobando. Y la segunda cuestión es que no hay nada en la ley acerca de la manipulación de embriones congelados ni de parámetros para la aplicación del tratamiento, cuántos embriones deben implantarse, no hay una palabra sobre las edades para aplicar el tratamiento. Todo esto deberá regularlo el Ejecutivo. Entre nada y esta ley, esta ley es buenísima, pero no se quiso legislar en el Congreso”.

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