Alejandro Gamero
El fallo de la Corte de la provincia que ordena a los fiscales que en 24 horas comuniquen las detenciones a los jueces de garantías, quienes tendrán otras 24 horas para ratificarlas o rectificarlas, y además que el plazo de 10 días para dictar la prisión preventiva no puede prorrogarse desató una polémica repercusión en los tribunales provinciales, con opiniones de todo tipo.
Por un lado algunos lo calificaron de un fallo correcto y aplicable que no afectará la seguridad, pero matizaron la necesidad de oralizar el proceso penal o acompañar el fallo con una rápida reforma legislativa del nuevo Código Procesal Penal.
Por otro están los que dicen que es correcto pero inaplicable por falta de recursos y estructura y la repercusión pública negativa en la calle.
Y hay una tercera vía más crítica de magistrados prestigiosos y a la vez vinculados a la UCR, que afirman que el fallo es nulo y que la Corte se arrogó facultades de la Legislatura.
La Corte, en fallo plenario con el voto de los jueces Omar Palermo, Alejandro Pérez Hualde, Julio Gómez y Jorge Nanclares, hizo lugar a un hábeas corpus de la ONG de derechos humanos Xumek, que reclamó por la situación de 800 presos cuyas detenciones calificó de inválidas porque nunca fueron evaluadas por un juez de garantías.
Los supremos fallaron a favor de los reos considerando ineludible la intervención del juez, por lo dicho en pactos internacionales, por lo expresado por la Corte de la Nación y por los artículos 19 y 21 de la Constitución provincial, que exige la firma del juez en 24 horas para detener.
Sobre los 800 presos en cuestión, la Corte dio un plazo de 4 meses (60 días hábiles) para que los jueces de garantías revisen esos casos.
Mientras, el Gobierno provincial despotricó ayer en rueda de prensa por el riesgo de que habrá liberaciones masivas de detenidos (lo que fue negado por la Corte) y pegó el primer golpe al recalcar que ayer y hoy no hubo jueces de garantías disponibles, por ser día inhábil, para cumplir con el requisito de resolver la detención en 24 horas
Las repercusiones
El juez de la Cámara Penal de Apelaciones Luis Correa Llano, quien ha sido también fiscal y juez de instrucción, afirmó que “no se dejará masivamente en libertad a nadie, el fallo es correcto y sobre las detenciones no están pidiendo ninguna locura”.
El abogado penalista Daniel Sosa Arditi señaló que “desde lo jurídico y lo constitucional es un fallo impecable pero no es posible ponerlo en práctica tal cual estamos hoy”.
La jueza de garantías Alejandra Mauricio indicó que comparte el fallo y recordó que “desde 2007 soy la única jueza que declaró inconstitucional que los fiscales detengan a personas y las envíen a prisión sin pasar por un juez de garantías”.
El juez de la Segunda Cámara del Crimen José Valerio fue muy crítico con la Corte. Lo calificó de fallo político que busca eliminar la prisión preventiva y alertó sobre que además “es nulo porque la Corte legisla disponiendo el control automático de la detención por parte del juez”.
Aclaró que comparte esa visión pero que el fallo fue “inconsulto” y su instrumentación “impracticable”.
El penalista Pablo Cazabán apoyó el fallo, expresó que “hace 15 años que esto se discute” pero propuso una rápida intervención de la Legislatura para adaptar el proceso penal a las nuevas disposiciones.
El fiscal de Las Heras Fernando Giunta cuestionó el plenario, al decir que “es muy difícil aplicar los plazos que reclaman y además no se puede andar dejando libres a los que delinquen, porque hoy la gente pide lo contrario”.
El juez de la Sexta Cámara del Crimen Alejandro Gulle dejó en claro que los fiscales no pueden cumplir con plazos que exige la Corte y que la sentencia va a provocar que “muchas personas bajo proceso queden en libertad porque fija pautas que los fiscales no podrán acreditar”.
