La presidenta del Concejo Deliberante salió al cruce de los concejales radicales que presentaron un pedido de investigación en la justicia por la obra de reasfaltado de calle Blas Parera. Cristina Da Dalt consideró en declaraciones a radio 95.7 que los ediles radicales “mienten”, porque “una forma de mentir es decir una verdad a medias, a nosotros nunca nos comentaron que ellos iban a presentar una denuncia o una ordenanza alternativa”.
La titular del cuerpo deliberativo comentó que previamente había propuesto a Gustavo Cañadas, presidente del bloque de la UCR, charlar sobre la reforma a la ordenanza 10.726 que regula las obras reembolsables (las que pagan en parte los vecinos), que estaba prevista tratarla en primer lugar en la sesión de este lunes, para consensuar posibles cambios y aprobarla con el apoyo de todos los bloques.
Aseguró que Cañadas respondió que “no había problemas, pero tenemos una conferencia de prensa, ya volvemos. Nunca me comentó esto que iban a hacer”, en referencia al anuncio ante la prensa de la denuncia en la justicia y de la propuesta de un plan alternativo de asfaltado de calles, conferencia que se realizó durante un cuarto intermedio de la sesión del Concejo.
“Entonces –añadió Da Dalt- nos pareció una falta de respeto, porque a pesar de que la semana pasada se lo invitó a trabajar, el bloque radical nunca se apareció. Nosotros tenemos que esperar a los concejales radicales desconociendo qué es lo que estaban haciendo en su comité, cuando el ámbito de discusión es el Concejo Deliberante. Ante ello, los ediles justicialistas y demócratas me pidieron reanudar la sesión porque era una falta de respeto lo que estaban haciendo y se aprobó el expediente que presentó el concejal Alberto Pérez Gasul”, que reformó la ordenanza 10.726.
En principio se iba a tratar la reforma planteada por la bancada oficialista que proponía 50% o más de la oposición de los frentistas para rechazar una obra reembolsable y 5 días hábiles para expresar esa oposición ante la comuna. La ordenanza establecía 35% y 15 días. Finalmente se aprobó el proyecto de Pérez Gasul que fijó parámetros intermedios entre ambas posturas: un 40% mínimo de oposición y 10 días hábiles para expresarlo en el registro correspondiente.
