Bomba judicial

Imputaron al juez federal Walter Bento por recibir presuntas coimas para beneficiar a presos

Walter Bento, magistrado de la Justicia Federal, fue acusado como líder de una banda dedicada a recibir presuntas coimas a cambio de libertades o prisiones domiciliarias

El juez federal Walter Bento y otros 15 sospechosos fueron imputados este miércoles como sospechosos de conformar una banda que cobraba importantes sumas de dinero a cambio de beneficiar a presos, en una investigación que se desató a raíz de la investigación por el asesinato del empresario Diego Aliaga, ocurrido el año pasado.

Durante la mañana de este miércoles se produjeron una serie de allanamientos comandados por el fiscal Dante Vega, cabeza de la investigación, bajo la anuencia del juez Eduardo Puigdéndolas –quienes agarraron la papa caliente del expediente tras la negatoria de varios de sus colegas-.

El principal apuntado es Walter Bento, uno de los jueces más conocidos en la Justicia Federal de Mendoza. El magistrado fue imputado como jefe de asociación ilícita, seis hechos de cohecho pasivo, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Estos términos legales implican que, para la investigación, el juez federal lideró una banda que se dedicaba a cobrarle coimas a presos para que obtengan beneficios –prisión domiciliaria o libertad-. Se cree que ese dinero ilegal luego fue lavado con un incremento patrimonial que no puede explicar pese al importante sueldo que cobra en la Justicia.

Walter Bento arriesga una pena de entre 5 y 41 años de cárcel, pero no quedará detenido ya que primero hay que pasar por un proceso de desafuero.

Otros acusados

La imputación también recayó en la esposa del magistrado de la Justicia Federal, Isabel Boiza, quien fue acusada formalmente por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La mujer también quedó en libertad.

Los otros presuntos integrantes de la asociación ilícita y que fueron detenidos en allanamientos -excepto uno, según trascendió- fueron tres abogados: Alejandro Matías Aramayo, Martín Ríos y Luciano Ortego –este último tiene un parentesco con Carlos Menem y ha sido investigado por estafar a una clienta-.

La Fiscalía sostiene que el trabajo de los letrados era comenzar a representar legalmente a ciertos presos en causas que eran instruidas por el juez Walter Bento. El puente para hacer llegar las coimas al magistrado era Diego Aliaga, el hombre desaparecido y luego encontrado asesinado a mediados del año pasado.

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Se sigue discutiendo si el crimen de Diego Aliaga debe pasar de la Justicia Federal a la provincial.

Se sigue discutiendo si el crimen de Diego Aliaga debe pasar de la Justicia Federal a la provincial.

También hay un puñado de presos imputados por cohecho activo. Hay varios de la megacausa de contrabando que tiene en su lupa a varios empresarios y también el presunto financista de una narcobanda, Walter Badinella Donoso, cuyo teléfono celular fue clave para avanzar en la causa por coimas.

El hilo de Ariadna

El testigo clave en la causa por coimas para beneficiar a presos es Diego Barrera, el asesino confeso de Diego Aliaga. Cuando este último estaba desaparecido, su socio declaró como testigo y aseguró que Diego Aliaga "arreglaba con los jueces y sacaba presos". Semanas después, con el hombre ya imputado como uno de los secuestradores y asesinos, volvió a declarar y ratificó su denuncia, aunque sin dar nombres concretos.

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Diego Barrera, testigo clave para la Justicia Federal.

Diego Barrera, testigo clave para la Justicia Federal.

A principios de febrero pasado, Diego Barrera declaró en la causa de las presuntas coimas durante tres horas y brindó más detalles que fueron claves en el expediente.

A esta altura de la causa ya había varias filtraciones en el edificio de Tribunales Federales. Tal es así que Walter Bento se presentó con el mediático abogado Mariano Cúneo Libarona y pidió ser parte del expediente. En varias instancias, sus colegas le negaron la posibilidad explicando que no estaba imputado –hasta ese momento-.

Incluso trascendió que Bento se apersonó con escritos en una serie de dependencias gubernamentales –ATM, Migraciones, Registro de la Propiedad- pidiendo que le informaran si alguien había pedidos datos sobre su patrimonio.

Ahora, con la bomba detonando el edificio de calle España, se espera que comience una larga batalla judicial de la que irán trascendiendo mayores detalles sobre las varias fojas que integran el expediente penal más caliente de los últimos años en la provincia.

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