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jueves 23 de noviembre de 2017

Detuvieron e imputaron a otro penitenciario por torturas a presos en Almafuerte

Ambos quedaron privados de su libertad, aunque en el Cuerpo de Infantería, un lugar poco convencional. Hay testimonios y grabaciones que los comprometen.

Sumó un nuevo nombre la grave investigación que se desató hace algunos años contra altas esferas del Servicio Penitenciario y que tomó notoriedad en los últimos días. Otro agente fue imputado en el expediente por torturas y quedó alojado junto al primer acusado en un lugar de detención poco convencional.

Daniel Durán, jefe de seguridad del Servicio, había sido detenido bajo la calificación de torturas a mediados de la semana pasada. En realidad, cuando se radicó la denuncia el hombre ya había sido imputado por lesiones dolosas -delito excarcelable- pero el fiscal de Homicidios y Violencia Institucional Carlos Torres tomó la causa en el último mes y decidió agravar la calificación.

En la misma situación procesal se encuentra el suboficial Luis Robles, quien es integrante del Grupo de Acción Rápida (GAR) del Servicio Penitenciario. Esta persona fue imputada como coautor en la misma causa y también quedó privada de su libertad.

El fiscal Torres dispuso que ambos sospechosos queden alojados en el Cuerpo de Infantería, ubicado en calles Rodríguez y Sargento Cabral de la Quinta Sección. Más precisamente, Durán y Robles están en el casino de oficiales de ese establecimiento.

Esto llama la atención ya que el complejo San Felipe, en su módulo 6, tiene un sector destinado para presos que han pertenecido a las fuerzas de seguridad. Las autoridades explicaron que no los recluyeron en ese lugar hasta avanzar de manera más firme en el expediente y además porque son jefes del personal que trabaja allí -Durán fue subdirector de ese edificio carcelario-.

Pero en Infantería la situación no cambia mucho. Fuentes policiales aseguraron que reciben visitas todo el día y parece que estuvieran en sus propias casas. De hecho, esa base no tiene un sector de calabozo ni las medidas de seguridad acordes para alojar a personas privadas de la libertad. Algunos efectivos están molestos porque deben custodiar a los imputados en vez de cumplir sus funciones habituales.

Grave calificación

La denuncia inicial se radicó en 2014 por parte de un interno del penal de Almafuerte, donde Durán y Robles cumplían funciones. El reo aseguró haber recibido varias torturas por parte de otro preso, quien era mandado por los agentes penitenciarios.

Ambos presidiarios declararon en el expediente y confirmaron los hechos. Fuentes ligadas al caso comentaron que hay grabaciones de cámaras de seguridad que comprometen a los acusados.

Cuando el fiscal Torres tomó el caso decidió agravar la calificación a torturas y como ahora los acusados arriesgan de 8 a 25 años de prisión, quedaron detenidos en forma preventiva.



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