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Son los que se destacan de los 4 proyectos que tratará el Senado de Mendoza que tratará un paquete de proyectos que incluyen también un observatorio de violencia de género y licencias especiales para las víctimas.

Violencia de género: una fiscalía especial para denunciar este tipo de situaciones y una comisaría de la mujer

Por UNO

Por Paola Alé

ale.paola@diariouno.net.ar

El Senado de Mendoza decidió tratar en plenario cuatro proyectos para frenar la violencia contra la mujer, los que ya tienen acuerdo de comisiones.

La idea es que no alcanza con hacer campañas por las redes sociales para proteger a las mujeres golpeadas sino que es necesario realizar acciones concretas para disminuir este flagelo social. 

Los proyectos son la creación de un observatorio de violencia de género, la puesta en funcionamiento de una fiscalía especial para denunciar este tipo de situaciones, y en el caso del Sur, una comisaría de la mujer. Por último, la creación de un sistema de licencias especiales para las víctimas.

Todas estas propuestas se encuentran en la Comisión de Género de la Cámara Alta, que preside la diputada justicialista Wanda Paredes, y con el apoyo de los demás legisladores se les dará media sanción para que pasen a Diputados y se conviertan en ley.

Los proyectos

En cuanto a la iniciativa del observatorio de violencia de género, cuya autora es Paredes (PJ), la idea de ponerla en práctica es la de sistematizar, organizar y disponer de todos los datos provinciales con respecto a estos casos.

Con esta información, aportada por los distintos organismos que toman el registro –hospitales, comisarías, la Dirección de la Mujer y las áreas municipales que brindan asesoramiento y atención a víctimas– se podrá tener una panorama provincial basado en estadísticas y se podrán elaborar políticas públicas específicas, con sustento científico.

La segunda es la creación de una fiscalía especial para denunciar. La iniciativa es de la senadora peronista María José Ubaldini. La legisladora explicó que no es la única propuesta que tiene para luchar contra la violencia sexista, pero que se priorizó este proyecto por sobre los demás, sobre todo porque ya tiene acuerdo político para seguir adelante.

La idea es crear un organismo para investigar con celeridad. “Se ha comprobado que en la mayoría de los femicidios, las víctimas habían puesto previamente de cuatro a cinco denuncias por delitos menores, como violación a la privación de acercamiento por parte del victimario, lesiones leves o amenazas. Las fiscalías tienen demasiado trabajo para detenerse en estas situaciones, pero un organismo especial podría ser la solución”, señaló Ubaldini.

En consonancia con este, otro proyecto se ha puesto en marcha: es el de la creación de una Comisaría de la Mujer para la Cuarta Circunscripción Judicial (que incluye los departamentos del Sur), donde aún no está implementado el nuevo Código Procesal Penal. Esta idea es de autoría del senador justicialista Samuel Barcudi.

Por último, se dará media sanción a una iniciativa de la legisladora radical Claudia Najul. La idea es modificar la Ley 5.811 de licencias y sueldos de la Administración Pública, para ofrecer un mes (corrido)  de licencia con goce de haberes a las víctimas de violencia de género. No sólo esto, sino que además se le otorgaría justificación para tardanzas, reducción de la jornada laboral, modificación horaria y cambio de lugar de trabajo. A lo que se apunta es a adaptar la ley a la realidad particular de las personas que están pasando por esta situación compleja y hacer que el ámbito de trabajo se involucre en la vida de las víctimas, como red de contención.

“Hay que aclarar que el beneficio es sólo para las empleadas públicas, porque el Estado debe de dar el ejemplo. Pero que se puede hacer extensivo al ámbito privado, si los empleadores así lo deciden”, subrayó Najul.

 Todas las legisladoras consultadas aseguraron que el mayor problema para poner las leyes en marcha es la cuestión presupuestaria. 

Por eso, en cada texto han colocado un artículo para dotar de presupuesto a las iniciativas, porque si no se limitan a convertirse en un cúmulo de buenas intenciones.

Un plan para rehabilitar a  los violentos

En el orden nacional hay una iniciativa impulsada por la legisladora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti que busca la incorporación del artículo 22 bis a la Ley 26.485 (contra la violencia de género),  que establece que “cuando la mujer haya padecido violencia, efectúe la denuncia pertinente y existieran pruebas de suficiente valor probatorio respecto de la culpabilidad del agresor sobre las agresiones perpetradas hacia la mujer, se remitirá la denuncia dentro de las veinticuatro (24) horas al juez o la jueza competente, quien evaluando las pruebas de acuerdo con el principio de sana crítica, dictará de inmediato, como medida obligatoria y mediante citación, la asistencia a un programa de rehabilitación-reeducación por parte del presunto agresor”. 

Sagasti explicó que se trata de un proyecto que busca remediar el vacío legal y de seguridad de la mujer, que existe en el lapso que transcurre desde que la víctima realiza la denuncia y el supuesto agresor es convocado a la Justicia. Si el agresor no concurre en un plazo de 15 días, se le inhibirán sus bienes.

La iniciativa determina que el juez actuante deberá solicitar informes periódicamente a los organismos o entidades correspondientes sobre la asistencia, evolución y cambios conductuales en el tratamiento del agresor hasta que obtenga el alta con una anterioridad mínima de 15 días.

► La clave, el noviazgo. En las escuelas secundarias de Mendoza se está desarrollando un plan para tratar de advertir a las alumnas de que el noviazgo es el momento en el que empiezan a desarrollarse las conductas violentas.

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