Luego de un fin de semana de descanso en su Mendoza natal, el vicepresidente mantuvo durantela jornada reuniones con sus principales asesores para analizar "todo lo concerniente" alfuncionamiento de la bicameral, así como la argumentación de su postura, informaron sus voceros. Pasaron por su despacho el secretario parlamentario, Juan Estrada, y su segundo, Juan JoséCanals, además de la diputada Laura Montero y el ex secretario legal y técnico durante su gobiernoen la provincia, Jorge Albarracín, con quienes analizó los antecedentes legislativos del caso, comola remoción de Pedro Pou en el Gobierno de la Alianza. Se especula que en la comisión de tres miembros -faltan dos senadores que no fuerondesignados- el oficialista Gustavo Marconato votará a favor de la destitución de Redrado y elcívico Alfonso Prat Gay, en contra, lo que dejaría la definición en manos de Cobos. Dirigentes de su entorno señalaron a Noticias Argentinas que Cobos se inclinaría por apoyarel desplazamiento del funcionario porque "su situación es insostenible en el Central con undirectorio en contra", aunque advirtieron sobre la "falta de claridad" en los causales de "malaconducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público" esgrimidos en el DNU de CristinaKirchner. Es por eso que anticipan que el vicepresidente podría buscar "otras causales de remoción"durante el proceso que se inicia, por entender que el argumento de la falta de cumplimiento de laorden del Ejecutivo para crear el Fondo del Bicentenario "colisiona con la carta orgánica" de laentidad monetaria, que indica que el BCRA no está sujeto a instrucciones o directivas del PEN. "Cobos está convencido de que está haciendo lo correcto y se dedicará a observar bien todoslos detalles del caso porque, más allá de la opción que tome, sabemos que se trata de un consejo novinculante y que Redrado ya está afuera", señaló a NA uno de sus principales colaboradores. Para ello, el primer paso que pedirá Cobos será "darle vista a Redrado como imputado" paraque "ofrezca su prueba" y haga así su "legítimo derecho de defensa" ante la bicameral, en la quepromete celeridad pero no tarea liviana ni vista gorda.