Así lo denunció el líder piquetero Emerenciano Sena en declaraciones a Noticias Argentinas,quien acusó por el desalojo a un grupo de 50 personas identificado con la fundación de Madres. "Eran 50 personas que viajaron en charter desde Buenos Aires y vinieron a desalojar a lasfamilias que ya estaban instaladas. Hubo disparos de armas de fuego y los compañeros resistieron alos ladrillazos", señaló Sena en diálogo con NA. El conflicto, que también tiene una batalla judicial, surgió a partir de un acuerdo entre lafundación de la organización encabezada por Hebe de Bonafini, realizada por el administrador Sergio Schoklender, y elmovimiento social 17 de Junio, liderado por Sena. Según explicó Sena, la fundación intercedería para conseguir los materiales y el dinero parala mano de obra, que sería entregada por los integrantes de la agrupación piquetera. "El compromiso público fue de realizar 500 casas. Pero la obra se fue parando y en 14 meses llegaron a hacerse apenas 20 porque no llegaban los materiales", dijo el líder piquetero chaqueño. En ese sentido, Sena contó que realizaron una denuncia ante el Fondo Nacional de la Viviendapara lograr la recategorización de los trabajadores de la obra. Al parecer, esta denuncia fue la que motivó el enojo por parte de la fundación de las Madresde Plaza de Mayo y el posterior cruce de denuncias. "Quedó a la vista que entre el Ministerio de Obras Públicas de la provincia y la fundacióndesviaron los materiales de las viviendas y terminaron haciendo hospitales para la provincia.Mientras venían a la obra y firmaban los papeles para cobrar el dinero de las certificaciones",explicó el líder piquetero. Sena sostiene que Schoklender tenía un control autoritario de los trabajos y que los obrerosestaban en negro, aunque Madres afirma que la ruptura llegó por la resistencia de Sena a que lasobras fueran auditadas. Ante el Juzgado Federal de Resistencia, la fundación Madres denunció a Sena por cometer"fraude al Estado y trata de personas", pero hasta el momento sólo rige la sentencia del juzgadolaboral número 1 que embargó preventivamente los pagos del Estado por 3 millones de pesos parapagar la indemnización por los 150 despedidos.
