Cristina, según el anuncio del ministro Julio De Vido, había pedido ser querellante, "para defender el interés público". En el accidente murieron 51 personas.
La Cámara Federal anuló la resolución que había admitido al Estado Nacional como querellante en la causa que investiga la tragedia de Once.
La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal declaró hoy la nulidad de la resolución que había dispuesto tener por parte querellante al subsecretario legal del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en representación del Estado Nacional, en la investigación del choque del 22 de febrero último, en el que murieron 51 personas.
Además, el tribunal confirmó la decisión del juez federal Claudio Bonadio que había rechazado el pedido de recusación que formuló el abogado Gregorio Dalbón.
La información fue publicada en el Centro de Información Judicial .
El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el ahora ex ministro de Transporte Juan Pablo Schiavi, habían anunciado que el Gobierno se presentaría como querellante el día siguiente de la tragedia. "Por pedido de la presidenta nos vamos a presentar como particular querellante para defender el interés público y acompañar los heridos y familiares de las víctimas. Seremos parte del expediente judicial", dijo Schiavi en aquella oportunidad.
A principios de marzo, el juez Bonadío había aceptado al Gobierno como querellante en la causa, abriendo así las puertas para que puedan sugerir medidas de prueba y acceder al expediente, en el que eventualmente podría ser imputado algún funcionario nacional.
Bonadío justificó su decisión argumentando que la constitución como querellante del Gobierno "no es óbice para determinar y perseguir eventuales responsabilidades penales de sus funcionarios, que son personas físicas".
En el fallo dado a conocer hoy, los camaristas consideraron que Bonadío "legitimó al Estado Nacional por su condición de titular de los bienes materiales afectados a la concesión y su rol de garante de la prestación del servicio de transporte público de pasajeros".
"En rigor de verdad y sentido común mediante, esas mismas cualidades son las que se alzan como obstáculos para otorgarle la facultad de actuar como querellante en el proceso", sostuvieron.
La decisión de la Cámara no excluye definitivamente la posibilidad de que el Estado sea querellante sino que le exige a Bonadío que explique adecuadamente por qué debe revestir esa condición.
Fuente: diario La Nación/A24
