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Sarmiento, patas para arriba

Por Jaime Correas jcorreas@arlink.net.ar

Más allá de la definición del proceso de negociación salarial de los docentes que está en marcha con idas y vueltas y, sobre todo, con paros, hay malformaciones estructurales que no se solucionan y que ocasionan siempre las mismas víctimas: los alumnos.

Sarmiento dijo en una de sus presentaciones en el Congreso como presidente que la educación era la única actividad humana donde no se verificaba la férrea ley económica de la oferta y la demanda. Según el sanjuanino, cuando alguien está enfermo busca que lo curen y recurre al aparato de salud, pero con la educación el mecanismo funciona al revés: el que más la necesita es quien menos la pide. Mientras más mal educado se está, menos se busca educación. Por eso, decía el gran Sarmiento, es indelegable la función del Estado de proporcionar la educación y de motivar y garantizar que los que más la necesitan la reciban.

Este espíritu, hoy demolido en la Argentina, fue el que hacía que la educación avanzara y cumpliera con su función. Por desgracia, esa necesidad educativa, que no es postergable porque cada minuto perdido es irrecuperable, en nuestro medio está supeditada al recurrente conflicto salarial. Año a año se deja de educar por el tira y afloja de la gestión de turno con los sindicatos docentes. Y por desgracia es una relación tan enferma que supedita el objetivo educativo primordial, que no es pagar salarios sino educar a los chicos, a una serie de situaciones que deberían estar subordinadas a esa misión superior.

El tema no es simple. Porque previsiblemente cada uno quiere ganar lo más que se pueda y, como se sabe, además de que “no hay plata que alcance”, siempre se quiere algo más. Es humano.

Esta situación choca con que si bien la misión estatal es dar educación, también tiene otros objetivos como dar salud, justicia, hacer obras públicas, etcétera. El tema salarial de los estatales es muy importante, pero debería poder conjugarse seriamente con el resto de las funciones.

Como están las cosas, los sindicalistas piden 50% de aumento secundados por bases que aplauden y piden esa irracionalidad (no vale la pena hablar del resto, porque son aspectos que se usan para enmascarar la única discusión real que es la de la plata, aunque es cierto que hay muchos puntos en los que los gobernantes están en deuda no sólo con los docentes, sino también con el resto de la sociedad) y el gobierno ofrece 26% en tres veces. Frente a esta situación, ¿qué se hace?: paro. Únicos perjudicados: los alumnos, esos que no piden lo que necesitan porque no saben que lo necesitan.

Y ahí surgen falacias como las del miércoles pasado donde los gremialistas dicen que los padres no mandan a los chicos a clases por solidaridad con ellos. No los mandan porque están hartos de que sus hijos pierdan el tiempo y porque, y esto es lo más grave, han dejado de creer que la educación sea importante. La razón es clara, si los motores, que son los docentes, paran y paran, la cuenta que sacan es que lo suyo no debe ser tan crucial. El sistema está relajado porque la misión esencial es secundaria al conflicto salarial.

El proceso posterior es calcado siempre. Un poco más de plata y más paros, hasta que se llega a una cifra que está a mitad de camino del pedido irracional de partida y el ofrecimiento, también irracional, de inicio. ¿Es posible que la educación de una provincia esté en manos de una negociación que parece más de tenderos de un mercado de Damasco que de políticos y docentes? ¿No deberían existir ya mecanismos para que se haga al principio lo que se hace al final en función de mejorar la educación? A la luz de estas situaciones hay que leer las internas gremiales donde la educación de los mendocinos está a merced de las apetencias por controlar el sindicato. El que más paros haga es el que tiene más chances de ganar. ¿No es perverso esto si se piensa en la educación?

Gran error cometido por la gestión actual: en los anteriores conflictos salariales con estatales, incluidos docentes, haber pagado los días de huelga. Esto es algo que se hace ante la incomprensión de la mayoría de lo que significa y bajo cuerda. Si se lo hiciera en una provincia donde la Justicia funcionara bien, habría altos funcionarios presos por malversación de fondos públicos.

¿Cómo es realmente la cosa? Según lo que explican especialistas en derecho laboral, la relación de trabajo se llama sinalagmática. En criollo quiere decir que esa relación funciona como una balanza: alguien se compromete a una contraprestación, el salario, a cambio de una prestación, el trabajo. Al no verificarse una, desaparece la obligación de contrapartida. Pagar por lo no hecho en un día de huelga es como llamar al plomero, que no venga y pagarle igual. ¿Qué docente, sindicalista o funcionario lo haría? Los laboralistas cuentan que en la actividad privada a nadie se le ocurre reclamar el pago de los días de paro, porque como no es legal cobrarlo ninguna empresa lo pagaría. En lo estatal se paga porque la plata no es del funcionario, sino de todos los ciudadanos, y por eso se paga al plomero que no hizo el trabajo. Con esa malformación lo que se logra es que hacer paros indefinidos y no cumplir con la parte del contrato que implica una relación laboral sea igual que cumplir. Por eso se redujeron tanto los paros como los actuales cuando no se pagaron los días no trabajados en el gobierno de Jaque. ¿Alguien recuerda que no se llegara igual a un acuerdo paritario? En la práctica, cumplir con la ley, es decir no pagar (no es un descuento, sino una liquidación que refleja lo que realmente se trabajó), es el único mecanismo para que no tan alegremente se hagan paros indefinidos o de días y días. Porque el derecho constitucional a huelga implica que se pueda parar sin perder el trabajo, por ejemplo, pero de ningún modo que haya que pagar por lo no hecho (hay fallos locales sobre esto) a los que no trabajan. Por más que la verdad resulte ingrata a algunos, es así y lo saben. Si se piensa, es bastante razonable para poner un poco de orden y racionalidad en la convivencia social y laboral.

El problema, entonces, no es salarial. Es político y se soluciona con política. Los gremialistas son exitosos si hacen huelga y los políticos tratan de evitarlos como sea. Todos a costa de los alumnos.

Hay que encontrar un mecanismo para que el negocio de los protagonistas no sea dañar la educación para poder llevarla a cabo. Si es una tarea básica e indelegable del Estado, su funcionamiento no puede estar supeditado a estos vaivenes extorsivos y pequeños de la política sostenidos en el legítimo deseo docente de tener el mejor salario posible y las mejores condiciones de trabajo.

Para salir de esto debe quedar claro y no ser negociable que cada día de paro no se pagará. Y ejecutarlo, porque si no es como el alcohólico que recae. También sería bueno recurrir a un tercero que ayude. Podría debutar el flamante arzobispo en estas lides, para llegar a una cifra razonable de plata y a un plan que se cumpla de mejorías laborales. Eso sí, sin paros. Sin jóvenes alejados de su educación. Que ya tienen demasiado con lo que pasa fuera de la escuela para que el interior de los establecimientos sea también un ámbito de flojera, desidia, pereza, falta de esfuerzo e ignorancia.

Porque tampoco es aceptable que los funcionarios se comprometan a solucionar temas laborales básicos, como la situación de los celadores, y pasen años sin hacerlo.

Para el futuro es imperioso crear un mecanismo que funcione sin paros o que si se llega a ellos se sepa que tienen un costo para el que los hace como contrapartida del daño que ocasiona. Porque lo esencial es la educación, el resto de la cadena tiene que estar al servicio de ella y no al revés.