El gobierno de Cristina Fernández aumentó la presión sobre las diez provincias petroleras que conforman el directorio de YPF, con el fin de que emitan unos 2.450 millones de dólares en bonos destinados al pago a Repsol.
De lo contrario, les exige entregar áreas de concesión para generar recursos que puedan ser destinados al grupo español.
El país arrastra un déficit energético que en 2013 alcanzó los U$S9.000 millones, equivalentes a un tercio de las actuales reservas del Banco Central, y el kirchnerismo pretende que ese rojo desaparezca entre 2017 y 2019.
Son diez los gobernadores de las provincias que conforman la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), los cuales mantienen un constante diálogo con Miguel Galuccio, CEO de la estatizada YPF.
Chubut, Neuquén, Río Negro, Formosa, Jujuy, Salta, La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Mendoza controlan el 24,99 % de las acciones de la compañía y el otro 26,03% está en manos del Estado nacional, que ahora exige a los gobernadores que tomen mayor protagonismo.
Protagonistas
Los mandatarios provinciales vienen dialogando con los ministros de Economía , Axel Kicillof, y de Planificación, Julio de Vido; además, con jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y en escena apareció un gobernador de una provincia que, hasta el momento, no tiene yacimientos: Sergio Urribarri.
El entrerriano comenzó a cobrar protagonismo fuerte en el escenario energético tras levantar su perfil político y lanzar su precandidatura a presidente, con la eventual venia y apoyo de la actual jefa de Estado, Cristina Fernández, para que la suceda en 2015.
Este gobernador formó parte el martes de la comitiva integrada por Capitanich, Kicillof y Galuccio que viajó a Río Negro y Neuquén para observar los avances de YPF en yacimientos en los que está invirtiendo la estadounidense Chevron.
La comitiva se trasladó luego al área Los Caldenes, a 30 kilómetros de Cinco Saltos en Río Negro, donde la petrolera nacional encontró una reserva de unos 15 millones de barriles en una superficie de 115 kilómetros cuadrados, lo que fue observado por el entrerriano.
En paralelo, técnicos de YPF vienen trabajando desde 2012 en Entre Ríos para hallar eventuales reservas de crudo y ya delimitaron dos regiones para profundizar los conocimientos geológicos: una es la zona Paraná y otro la zona Federación, que incluye parte de Concordia.
Urribarri está actuando a la vez como mediador entre la Casa Rosada y los gobernadores, que se enojaron cuando el 14 de marzo el Gobierno confirmó ante el Senado que las provincias petroleras pasarán a ser deudoras de la Nación por U$S 2.550 millones de dólares, para mantener las acciones que tienen en YPF.
Resulta que la Nación se comprometió a pagar al grupo español Repsol –con bonos escalonados hasta el año 2033– la suma de U$S5.000 millones en concepto de compensación por la estatización del 51% de las acciones de YPF.
De ese monto, unos U$S2.550 millones los pagará el Estado nacional y U$S2.450 millones tendrán que ser afrontados por las provincias petroleras, dato que sorprendió a más de un gobernador en medio de una ajustada situación fiscal por los desequilibrios económicos generados por la inflación y los aumentos de costos.
Neuquén, por ejemplo, tendría que asumir obligaciones con la Nación por U$S1.024 millones, pero la gestión de Jorge Sapag ya anticipó que no está disputa a endeudar a la provincia, lo que generó tensión con la Rosada.
En su recorrida por los yacimientos, Capitanich se mostró tranquilo con que se arribará a un acuerdo próximamente y deslizó que si las provincias no cuentan con recursos propios, podrían pagar con la concesión de áreas de exploración y explotación petrolera.
El funcionario nacional aclaró así que el autoabastecimiento energético del país se puede concretar en tres años en la medida que “haya un mayor volumen de financiamiento para maximizar los volúmenes de inversión”, por lo que las provincias tendrán que ceder e incrementar su pasivo estructural.
