Diario Uno > País

Por los pozos de Irrigación, podría intervenir la Justicia

Marcelo Arce

marce@diariouno.net.ar

Profundizar la investigación sobre las irregularidades, ya comprobadas, en el Departamento General de Irrigación durante la gestión del ex superintendente Eduardo Frigerio o llegar sólo hasta acá. Esta es la decisión que deberá analizar Francisco Pérez a partir de mañana, luego de haber impulsado que se dieran de baja 20 permisos para perforaciones de agua en Agrelo, medida que se concretó el viernes, luego de reconocer que fueron otorgadas por la administración anterior del organismo del agua bajo graves irregularidades jurídicas y administrativas.

Dentro de dos semanas, el Honorable Tribunal Administrativo (HTA) de Irrigación deberá votar si acepta o rechaza la presentación que allí hizo uno de sus consejeros integrantes, el radical Alejandro Gennari, para que todo el expediente con las irregularidades que fueron detectadas sea trasladado a la Justicia para determinar si existió o no la comisión de delito.

Los restantes miembros del HTA (el superintendente de Irrigación, José Luis Álvarez, y otros tres consejeros todos de extracción justicialista) votaron a favor de dar de baja los pozos de la discordia, pero se negaron a votar allí mismo el pedido de remisión a la Justicia.

Esta votación debería producirse, en principio, durante la próxima reunión del HTA que se hará dentro de dos viernes. Pero la decisión política ya está tomada. Al menos, así lo hizo saber el propio Álvarez durante la semana.

“Nosotros entendemos que hay pasos que no se dieron en el otorgamiento de los permisos y al estar viciados, no podemos otorgar una concesión. El tema judicial lo puede reabrir la Justicia, nosotros no podemos, con esta información que tenemos, avanzar en el tema judicial porque no es objeto de lo que estamos haciendo en este momento”, despejó.

Álvarez protagonizó una verdadera maratón mediática la semana pasada, pero luego del fallo del HTA se llamó a silencio. Lo que se terminó por develar en Irrigación fue que, durante la gestión de Frigerio, para el otorgamiento de estos pozos se violó una zona de restricción, se modificó el reglamento y se terminó beneficiando a un grupo en perjuicio del resto de los regantes.

También se supo que Irrigación actuó sin el dictamen legal correspondiente o, en palabras del propio Álvarez, “existieron algunas falencias desde el tipo de vista jurídico”.

Desde que el caso explotó hace dos años hasta aquí, Frigerio renunció, pero no hay iniciada ni una sola investigación administrativa para hallar a los responsables de las irregularidades. Tampoco la Justicia llegó a nada: el fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay, se abocó a las denuncias de cohecho (se habló de que se pagaron al menos U$S100.000 de coimas por cada pozo) pero terminó archivando la causa.

Lo que pasó también es un llamado de atención para la Fiscalía de Estado. Irrigación dio de baja los pozos, pero en su momento dijo que toda la actuación había sido correcta.

Una medida dura

Por vicios administrativos, el viernes el HTA dispuso dar de baja las autorizaciones para perforar en la margen derecha del río Mendoza en la zona de Agrelo, Luján. Estos permisos estuvieron sospechados en sumomento  haber sido irregulares.

Esto fue luego de que el gobernador Francisco Pérez tomara la decisión política de seguir ese camino para dar una señal de transparencia en Irrigación, devastado tras el paso de Frigerio y Jorge Villalón.

Pero detrás de esa decisión, también existían otros motivos. Álvarez intentó una salida judicial que fracasó en la Suprema Corte y desde hace casi un año que pende sobre su cabeza la posibilidad de que un grupo de regantes le inicie un Jury, ya que desde el 25 de marzo de 2012 estaban vencidos los plazos para que las empresas favorecidas con los pozos presentaran sus proyectos de obra (cosa que nunca hicieron) bajo pena de la caducidad de los permisos.

La Provincia está ahora frente a un gran riesgo. Se descarta que los poseedores de esas perforaciones alegarán que se verán afectados derechos adquiridos, con lo cual podrían demandar a Irrigación por cifras que podrían ser millonarias. Un relevamiento indicó que, de los veinte pozos de agua, sólo cinco se encuentran todavía en terrenos incultos y el resto ya riega entre 800 y 1.000 hectáreas, fundamentalmente de viñedos.

Quizás desde mañana, comiencen a presentarse acciones de amparo ante la Justicia, lo que podría demorarvarios meses el proceso de clausura.

De esta forma se negociaba con el agua

- La gestión más polémica

Eduardo Frigerio, vinculado al sector justicialista de los Azules que orienta el operador Juan Carlos Mazzón, condujo en el gobierno de Celso Jaque la gestión más polémica de Irrigación. Terminó sospechado de corrupción y ante el escándalo renunció, para evitar un Jury. Pérez puso la lupa sobre los pozos de Agrelo y ahora habrá que ver qué sucede con el pedido de llevar el tema a la Justicia.

- Un cúmulo de denuncias

Además de los pozos, Frigerio y Villalón (mano derecha de Mazzón y hombre fuerte de Irrigación en aquellos años) estuvieron denunciados por violar la Constitución. Los denunciaron por “ablandar” requisitos a la minera San Jorge en Uspallata y por permitir beneficios extraordinarios de toma de aguas a una finca de Tunuyán, que es propiedad de uno de los hijos de Jorge Villalón.

- Los dueños de los pozos

De los 20 pozos, dos son de los franceses de Vignes des Andes y tres de una empresa local KLP SA. Hay dos pozos que quedaron en manos de Santa María de los Andes SA. Una de las parcelas de ese loteo, propiedad del empresario del juego Daniel Matuone, pertenece a Marcelo Tinelli. Los demás pozos son de Aymuray (3), Santa Croce SA (1), Bulnes SA (2), Golf Club Alto Agrelo (5) y Cerezas de Argentina (3).