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Piden elevar a juicio la causa contra una empresa por contaminar napas con mercurio en Luján

Dos responsables de la empresa Keghart están acusados de contaminar intencionalmente con mercurio napas subterráneas en Luján de Cuyo. El fiscal elevó la causa a juicio por considerar que tiene semi plena prueba de que los imputados son responsables de la contaminación.

La investigación se inició en 2010 cuando Obras Sanitarias detectó bajos niveles de mercurio en el agua. En aquel momento se sospechó que la firma, dedicada a la fabricación de lavandina, volcaba residuos en el canal Cacique Guaymallén. Al comienzo se realizó  una inspección ocupar en el predio y sus alrededores. Las sospechas seguían pero no había suficientes pruebas para imculpar a alguien de la empresa.

Los legisladores provinciales de la Comisión de Derechos y Garantías tomaron cartas en el asunto y se presentaron en el predio de la empresa pero no los dejaron entrar. Efectuaron una denuncia penal junto con la Municipalidad de Luján de Cuyo y la Subsecretaría de Medio Ambiente. La presentación se realizó en la Fiscalía Especial y el magistrado en turno, Santiago Garay, solicitó una orden de allanamiento.

La planta había sido clausurada por el Gobierno debido a que un grupo de empleados se presentó ante los diputados y les manifestaron que eran obligados a arrojar residuos peligrosos en pozos. Con este dato, el fiscal Santiago Garay realizó una requisa en el lugar y constató la existencia de dos pozos.

Técnicos de la Universidad Nacional de Cuyo tomaron muestras y establecieron que en esos huecos, de unos 200 metros de profundidad, habían arrojado mercurio y soda cáustica.

Con estas pruebas el fiscal Garay decidió imputar al director y al jefe de planta de Keghart  (cuyos apellidos son Candisani y Castro, respectivamente). Sobre ellos pesa el delito de la presunta violación a la ley de de residuos peligrosos, fijada en el Artículo 200 del Código Penal.

Este artículo conceptualiza los delitos contra la salud pública y establece que "será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años y multa de 10.000 a 200.000 pesos el que envenenare, adulterare o falsificare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinada al uso público o al consumo de una colectividad de personas".