El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un comunicado a propósito de la nueva normativa antipiquetes.
"El protocolo del Ministerio de Seguridad de la Nación limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al orden público por encima de todo. Según la resolución dada a conocer, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad", dice el primer párrafo.
Además pone de relieve un punto polémico.
"El protocolo amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social. Al mismo tiempo, no prohíbe explícitamente el uso de armas de fuego en las manifestaciones, prohibición que se había logrado en 2004 y que fue volcada en la resolución 210/2011, ni el uso de balas de goma para dispersar la protesta. Tampoco impone obligaciones de uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles", agrega.
