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Una ley que unifique los derechos para los matrimonios sin discriminación de la sexualidad de los integrantes le solucionaría la vida a miles a argentinos que hoy son víctimas de la discriminación.

Opinión: Tolerancia o autoritarismo, esa es la cuestión

Por UNO

El respeto a las elecciones de las minorías no debe estar sujeto al gusto de la mayoría en unasociedad con pretensiones democráticas de convivencia. El grado de tolerancia frente a formas de

vida diferentes, hasta contradictorias, de la que la mayoría tiene incorporada como "normal"

determina el nivel de autoritarismo de una sociedad.

La tolerancia favorece la inclusión, mientras el autoritarismo provoca indefectiblemente la

exclusión de quienes eligen formas de vida "indeseables".

A esta altura de la historia argentina, la porción de la sociedad que acepta las relaciones

de pareja sin importar la condición sexual de sus integrantes es mucho más amplia que el universo

de homosexuales que convive con las normas del matrimonio pero tiene vedado el reconocimiento del

Estado a los derechos que le corresponden como tal. Es decir, la elección "rara" de una minoría es

tolerada por un sector de la mayoría "normal".

Al mismo tiempo, un sector de los "normales" sostiene una postura intolerante frente a la

"normalización" legal de una elección de la minoría en base a convicciones de orden moral y

religioso que nadie debería desconocer si no quiere ganarse una estadía eterna en el infierno. Los

homosexuales son enfermos, según los promotores de la intolerancia de la igualdad de derechos para

quienes desvían su elección sexual del modelo establecido.

El imperio de ese esquema de tratamiento de las minorías, con una base de sustentación social

mucho más grande que en la actualidad, no pudo evitar que la homosexualidad fuera una opción cierta

para muchos individuos de la sociedad. La imposición cultural de la discriminación no fue capaz de

evitar el crecimiento del universo de personas dispuestas a pagar el precio social de la elección

sexual libre.

A pesar de todos los castigos sociales y sin ninguna ley que ampare el más mínimo derecho a

convivir con una pareja del mismo sexo, las uniones homosexuales de hecho son moneda corriente en

la sociedad argentina. Es más, cada vez es más natural la inserción de dos homosexuales

convivientes entre los vecinos y la aceptación lisa y llana en los ámbitos laborales.

Cuando una pareja de homosexuales sube a un colectivo, asusta a menos pasajeros que dos

laburantes con ropas sucias y pinta de "villeros". La elección sexual contraria a la definida por

los genitales, dejó de ser una causal de condena sin derecho a defensa en casi todos los ámbitos.

Sin embargo, el Estado sigue sin reconocerle a los homosexuales el derecho a contraer

matrimonio y a ordenar la relación de pareja bajo el paraguas jurídico previsto para las uniones

entre heterosexuales. Mientras que la Iglesia católica, a la cabeza de otras instituciones

religiosas, radicaliza su intolerancia más allá de los límites extremos que permite la convivencia

sin medir consecuencias.

Una ley que unifique los derechos para los matrimonios sin discriminación de la sexualidad de

los integrantes le solucionaría la vida a miles a argentinos que hoy son víctimas de la

discriminación.

Ahora, si la presión de la Iglesia, las limitaciones culturales, ideológicas o religiosas de

los senadores, la sumisión a los dictados de las encuestas o la intención de sacar rédito político

con el tema impiden que el Senado convierta en ley el proyecto que ya fue aprobado por Diputados,

las parejas homosexuales no van a desaparecer. Perfeccionarán las trampas para conseguir de

cualquier manera algunos de los derechos negados por el Estado.

El sexo de hombres con hombres y de mujeres con mujeres no desaparecerá como opción, al igual

que el amor y la posibilidad construir una familia desde una relación homosexual. Todos o la gran

mayoría de ellos se criaron con mamá (nena) y papá (nene), una situación que no les impidió

preferir las relaciones con parejas del mismo género antes que las auspiciadas por los

intolerantes.

Sea cual sea el resultado de la votación en el Senado, de este debate saldrá fortalecida la

tolerancia de las elecciones individuales desapegadas de los parámetros de la moral y las buenas

costumbres que justifican la intolerancia. Los comportamientos culturales no se imponen ni se

erradican por ley. En todo caso, a través de la legislación, se reprimen o se reconocen, según sea

más rentable.