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“Matías murió como una víctima más de la violencia de Estado”

Por Rosana Villegas

rvillegas@diariouno.net.ar

“Matías (Quiroga) murió como una víctima más de la violencia de Estado. Ésa es la única explicación que encuentro para justificar que lo mató un tipo que ya había cometido un asesinato y que durante diez años pasó por manos de fiscales y jueces de Ejecución Penal, quienes finalmente lo dejaron libre para que volviera a matar. Esto es violencia de Estado. El juez (Eduardo) Mathus es el culpable de este crimen”. Las dolidas palabras pertenecen a Osvaldo Quiroga, el papá de Matías (21), asesinado hace un año y cuyos presuntos homicidas aguardan en prisión que se confirme o no la elevación a juicio pedida por el fiscal.

Hoy, cuando se cumple el penoso aniversario del crimen del joven, su familia decidió no hacer ningún acto público, sino recordarlo con una reunión íntima en la que se proyectará un video que han realizado sus amigos. “No queremos hacer nada público, porque creemos que es momento de trabajar de otra forma. El lunes próximo sí estaremos en la Legislatura para presentar un pedido de Jury de Enjuiciamiento para la Cámara de Apelaciones, porque hemos detectado casos de violadores y asesinos a los que estos jueces les otorgaron beneficios siendo que no debían haberlos recibido y, obviamente, volvieron a reincidir”, aseguró Quiroga, quien integra una comisión especial –con legisladores de la bicameral de Seguridad y de la Inspección General de Seguridad, entre otros– en donde se discuten proyectos sobre este tipo de temáticas.

Si Matías no se hubiera encontrado de frente con los delincuentes que acababan de asaltar un camión blindado en la playa de estacionamiento del Carrefour de Godoy Cruz en la tarde del 9 de marzo del año pasado, hoy estaría vivo. Quizás si, al ver que se le venían encima esos desconocidos, hubiera acelerado probablemente habría atropellado al que le apuntaba y así podría haber escapado de la emboscada. Pero no fue así. El joven frenó el Citroën C3 que manejaba y quien le apuntaba le disparó de cerca. El proyectil le atravesó el brazo derecho, con el que se cubrió la cabeza; le impactó en el tórax y lo mató en el acto.

“Imagino que, si hoy estuviera vivo, Matías ya sería licenciado en seguridad e higiene, que era lo que estaba estudiando. Continuaría remando con su hermano en el club y quizás habría conformado una familia con su novia. Pero nada de eso sucedió, porque estos cobardes lo mataron como a un perro. Por eso, cada vez que pienso en ellos sólo me conforma creer que puedan recibir prisión perpetua, no diez o 15 años, porque ellos nos quitaron a nuestro hijo para toda la vida”, se lamentó Osvaldo.

Esperando fecha del debate

Hace dos semanas, el fiscal de Delitos Complejos Daniel Carniello, quien estuvo al frente de la causa, dio por terminada la investigación y solicitó la elevación a juicio para los cuatro acusados: Omar Tanga Gómez, los mellizos Nelson Gerardo y Néstor Edgardo Funes, y Luis Alberto Cabral. En esta instancia, es ahora un Juzgado de Garantías el que debe darle continuidad o no a ese pedido.

Trascendió que el abogado defensor de uno de los acusados –presuntamente presionado por la familia de su representado– se opuso a este pedido del fiscal, pero sus argumentos serían los mismos que ya rechazó la Cámara de Apelaciones cuando decidió otorgarles a todos los acusados la prisión preventiva.

Por lo tanto, esa oposición sería descartada de cuajo y el trámite continuaría su curso para conseguir una fecha de juicio probablemente dentro de los próximos cuatro meses.

“La muerte de mi hijo no cambió nada. Todos los días ves que asaltan, golpean y matan como si nada. Y eso es porque los maleantes saben que las leyes los amparan. Si me preguntás si tengo fe en la Justicia, te digo que no”, concluyó Quiroga.

Sin presupuesto para una ley

“Nos sentimos engañados, porque desde el Gobierno se comprometieron en incluir en el Presupuesto de este año los fondos para cumplir con la ley 7.841 de asistencia a las víctimas del delito, que fue sancionada como en el 2008, y no fue así. No está contemplada en el Presupuesto y, por eso, vamos a presentar un pedido de informe para saber qué pasó”, apuntó Osvaldo Quiroga, quien señaló que fueron Alejandro Gil, director de Relaciones con la Comunidad, y Romina Ronda, subsecretaria de Justicia, quienes se comprometieron con esa gestión.

La norma a la que alude Quiroga contempla un sistema de asistencias públicas en beneficio de las víctimas directas e indirectas de los delitos violentos con el resultado de muerte o de lesiones corporales graves o gravísimas.