El empresario Lázaro Báez se negó a contestar preguntas ante el juez federal Sebastián Casanello y atribuyó las sumas de dinero que se vieron en las cámaras ocultas de la financiera SGI a la compra de un campo en Tortuguitas. Fuentes judiciales informaron que tanto él, como su hijo Martín Báez y el contador Daniel Pérez Gadín, presentaron escritos ante el magistrado y evitaron responder preguntas. Tras la audiencia indagatoria con Casanello, Lázaro Báez volvió a ser esposado, tal cual había ingresado cerca del mediodía al juzgado ubicado en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py.El empresario detenido fue imputado por el delito de lavado de dinero, pues la sospecha es que el uso de facturas truchas originó los millones que intentó blanquear. Báez y Pérez Gadin serán alojados en el complejo penitenciario de Ezeiza, penal de máxima seguridad, donde desde este miércoles está alojado el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, acusado por administración fraudulenta de fondos públicos a raíz de la compra de trenes a España y Portugal. El primero en ingresar a declarar fue Martín Báez, quien cuestionó la validez del video de las cámaras de seguridad de SGI, más conocida como "La Rosadita", y sostuvo que el dinero que se vio podría ser por la actividad empresarial que desarrolla su padre. Además, fuentes cercanas a la investigación indicaron a NA, que el juzgado le fijó domicilio en un departamento de Barrio Norte de la Capital Federal y se lo instó a permanecer en el lugar durante los próximos días. Luego, fue indagado el contador Pérez Gadin, considerado el segundo en grado de responsabilidad en la maniobra -después de Lázaro Báez-, quien está detenido desde este miércoles y también presentó un escrito y se negó a contestar preguntas. Otro de los que se negó a responder consultas fue el empresario Walter Zanzot, presidente de la firma Top Air y principal accionista, quien explicó su presencia en la financiera SGI, al asegurar que acompañaba habitualmente a Martín Báez en sus viajes, al igual que hacía con otros clientes. Además, fue indagado el empresario César Fernández, expresidente de la financiera SGI y quien también apareció en las imágenes de la cámara oculta de SGI. Por su parte, el financista Federico Elaskar, ya procesado por otros hechos de lavado de dinero, también prestó declaración indagatoria por otras acusaciones que nada tienen que ver con los manejos presuntos irregulares de dinero en la financiera SGI.Casanello le atribuye a Báez "haber ingresado, a través de su hijo Martín Báez, el día 02/11/2012 y en otra fecha aún no determinada, pero presumiblemente en los últimos meses del año 2012, dinero por una suma total aproximada de U$S 5.100.000 en la sociedad denominada SGI Argentina S.A.". El juez afirmó que ese dinero "fue contado en el lugar en presencia de su hijo, como así también de César Gustavo Fernández, Walter Adriano Zanzot, Fabián Virgilio Rossi, Daniel Rodolfo Pérez Gadín y Sebastián Ariel Pérez Gadín, junto con otros sujetos no identificados al día de la fecha, disimulando de ese modo la fuente real de los fondos para obtener su apariencia de licitud". Según la imputación, Báez habría intentado integrar el dinero "al circuito económico como procedentes de fuentes lícitas".
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Fuentes judiciales informaron que tanto él, como su hijo Martín Báez y el contador Daniel Pérez Gadín, presentaron escritos ante el magistrado y evitaron responder preguntas.