Mdzol, según resolvió ayer la Cámara del Crimen porteña. En una resolución de su sala sexta, en la que se anuló el desprocesamiento de Macri, loscamaristas ordenaron también que el ex ministro de espacios públicos, Juan Pablo Piccardo, seallamado a ampliar su indagatoria para determinar concretamente si incurrió en algún delito. Eldesprocesamiento de Macri se conoció al mismo tiempo que en Mendoza se lanzaba la fallidacandidatura a concejal de la Capital por el PRO del piloto Orlando "Orly" Terranova. La decisión fue tomada por los camaristas Gustavo Bruzzone, Mario Filozof y Marcelo Lucini,quienes además resolvieron apartar al juez de la causa, Facundo Cubas y designar por sorteo a otromagistrado. En una critica a su accionar, los camaristas dijeron que los sobreseimientos "no constituyenuna derivación razonadaÓ del expediente y que "falta una debida investigación que se suple conafirmaciones dogmáticas". Concretamente, en torno al jefe de gobierno, la cámara penal ordenó que se le pida un "descargo espontáneo" del caso "para verificar su vinculación, o no, con los hechos investigados". Las mismas explicaciones les fueron solicitadas por los camaristas al jefe de gabinete,Horacio Rodríguez Larreta, al ministro de desarrollo económico Francisco Cabrera y al Procuradorgeneral de la ciudad, Pablo Gabriel Tonelli, incluidos en el sobreseimiento anulado. Además de Piccardo, deberá ampliar su declaración indagatoria los ex funcionarios TomásPastalanga y Horacio Daniel Tonelli, miembros de la comisión evaluadora de adjudicaciones. La denuncia sobre irregularidades en la concesión de las carteleras urbanas en beneficio deuna firma en connivencia con los funcionarios denunciados fue realizada por el empresa Spinazzola,cuya oferta quedó relegada. Esta empresa, una de las más tradicionales en el rubro, había denunciado su exclusión de laexplotación de las carteleras mientras que otras dos empresas en su misma situación seguíantrabajando para el Gobierno porteño. "Estas dos empresas jamás dejaron de publicitar en la vía pública. Llevan exactamente un año y van entrando en el segundo con supuestos permisos precarios, haciendo uso del mobiliario urbano,cobrando por su comercialización, y recibiendo pagos por mantenimiento", sostuvo el ex juez MarianoBergés, que la patrocina. La explotación del mobiliario urbano, concesionada por una década e incluída la cartelería,pantallas y paradas de colectivos, representa una facturación anual cercana a los 100 millones depesos.
