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La Corte Suprema del vecino país se expidió a favor de la extradición del ex juez federal mendocino, que está acusado de ser partícipe primario en un centenar de delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1983.

La Justicia chilena decidió que Otilio Romano sea extraditado a Argentina

Por UNO

Por Daniel CalivaresCalivares.daniel@diariouno.net.ar

De vuelta a Mendoza. El ex juez federal Otilio Roque Romano será extraditado a la Argentina, según dispuso el juez de la Corte Suprema de Chile, Sergio Muñoz, quien aceptó las razones de la Justicia argentina para pedir que sea juzgado en Mendoza. No obstante al ex juez federal mendocino le queda la posibilidad de apelar ante la Sala Penal de la Corte, donde es muy difícil que se revoque la decisión tomada por Múñoz..

Romano, quien se encuentra acusado de haber sido partícipe necesario en un centenar de delitos de lesa humanidad, huyó a Chile previó a ser suspendido por el Consejo de la Magistratura. De hecho, cuando este organismo decidió destituirlo, Romano se encontraba en el vecino país, donde pidió asilo político.

Sin embargo, al poco tiempo de llegar, comenzó a sufrir algunas derrotas de parte de la Justicia chilena, que primero ordenó su arresto domiciliario y dio lugar a que Argentina presentara el pedido de extradición.

Tras el fallo de Múñoz, sólo queda un paso y es que este sea revisado por la Sala Penal de la Corte, en donde Romano tiene la posibilidad de apelar la decisión por última vez, aunque es casi seguro que la sala confirme la decisión de Múñoz, en lugar de revocarla, explicaron fuentes judiciales.

Romano tiene plazo hasta principios de la semana que viene para presentar este recurso de apelación.

A mediados de mayo, la fiscal de la Corte trasandina, Mónica Maldonado, presentó un extenso informe de 109 hojas, donde defendía a Romano como “cooperador necesario”, y recomendaba la extradición del ex magistrado, quien supo manejar los hilos de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Maldonado, en su informe, desarmó la defensa esgrimida por Romano, quien ha sostenido desde el principio que la acusación en su contra se trata de “una persecución política” y “que él simplemente cumplía con sus obligaciones, que nunca fue parcial en sus decisiones, y que no habría omitido realizar las pesquisas pertinentes, y que aunque las hubiese ordenado, ellas no habrían impedido la actuación clandestina de los servicios de seguridad”.

En ese sentido, la fiscal aseguró que “la impunidad ofrecida en los hechos por el extraditable a los agentes de represión estatal fue una contribución útil y decisiva para que se pudiesen producir la reiteración de delitos de lesa humanidad que se han acreditado”, y agrega que “si efectivamente se hubiera llevado a cabo siquiera alguna investigación, la impunidad no se habría convertido en una alternativa en la mira de los autores materiales”.

La letrada también indicó que era errónea la idea de que la competencia durante 1975 y 1983 fuera de la Justicia militar y que desde la Federal no se pudiera hacer nada.

“Esta argumentación no resiste análisis, pues su función era indagar y luego de llegar a la convicción de que los hechos habían sido cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas, proceder a declararse incompetente. No realizó diligencias y tampoco se declaró incompetente en ocasión alguna”, explica la fiscal, lapidariamente, en su informe.

Romano no es el único juez que deberá enfrentar un juicio por delitos de lesa humanidad, ya que en la lista se encuentran también Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Gabriel Guzzo.

En el caso de Miret y Romano, ambos fueron destituidos por el Consejo de la Magistratura, luego de que este considerara que no estaban aptos para seguir ocupando sus cargos tras las denuncias por delitos de lesa humanidad y la investigación fue llevada adelante por el ex fiscal general de la Justicia Federal, Omar Palermo, quien actualmente el juez de la Suprema Corte de Mendoza.