La corrupción debilita a los Kirchner

presidente Carlos Menem que ambos han acabado sufriendo los mismos achaques. Esa misma mañana, en

el popular programa que conduce en Radio Continental el periodista Víctor Hugo Morales manifestó su

conmoción ante las decenas de mensajes que los ciudadanos habían dejado en el contestador de la

cadena felicitándose por el accidente vascular del ex presidente y deseándole, incluso, un fatal

desenlace. Dos días después, el ex corredor de fórmula 1 y ex gobernador de Santa Fe Carlos

Reutemann, peronista, hasta hace poco correligionario de Kirchner, dejó la siguiente perla sobre el

matrimonio K: "Los argentinos vamos a estar contentos si para cuando se vayan en 2011 no se han

robado la Casa Rosada y la plaza de Mayo". Éstas son apenas tres muestras del hartazgo creciente de

un sector cada vez mayor de la sociedad argentina con un Gobierno de discurso progresista, el de

Cristina Fernández de Kirchner, que asumió el poder en 2007 con la promesa de distribuir la riqueza

del país y luchar contra la enquistada corrupción.

El desprestigio del matrimonio presidencial crece semana a semana, a medida que se acumulan

denuncias y escándalos por presunto enriquecimiento ilícito que amenazan con tapar cualquiera de

sus iniciativas políticas. "Hay una visceralidad muy llamativa que se explica por la fuerte

defraudación de expectativas en las clases medias", explicaba ayer la socióloga Graciela Römer,

para quien el "error garrafal" del Gobierno es "agudizar el malestar en lugar de reconocer sus

errores y tender puentes con la opinión pública".

La presidenta ha acusado repetidamente a los medios de comunicación de orquestar un complot

informativo en su contra, pero el repudio al incremento constante de su patrimonio (que se ha

multiplicado por siete desde 2003) influye en su notable descenso de popularidad, que hoy es sólo

del 20%.

La semana pasada se conoció que Néstor Kirchner compró dos millones de dólares en octubre de

2008 para adquirir un hotel en El Calafate, localidad turística de Santa Cruz, la provincia

patagónica donde nació y donde fue gobernador entre 1991 y 2003. La operación, denunciada ante la

justicia por la opositora Coalición Cívica, ha sufrido la condena moral en Argentina porque se

sospecha que el ex mandatario se valió de información privilegiada para hacer esta compraventa de

divisas. Llueve sobre terreno mojado: la querella se suma a las que ya hace tiempo acusan a los

Kirchner y a su entorno familiar de haber obtenido ilegalmente ganancias en El Calafate por la

venta de suelo público recalificado que habían adquirido a un precio 10 o 15 veces menor al de

mercado.

Los cuatro secretarios privados que asisten a la presidenta también son investigados por

presunto enriquecimiento ilícito debido a incrementos patrimoniales comprobados que van del 750% al

11.000% en cinco años (uno de ellos, Fabián Gutiérrez, dimitió la semana pasada). Esta misma semana

se ha sabido que el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el actual titular del área, Juan

Pablo Schiavi, serán interrogados por un juez por presunto cohecho (aceptar viajes en aviones de

alquiler pagados por empresas del sector). En otro caso de gran repercusión, el Gobierno tuvo que

admitir hace dos meses, después de negarlo durante más de dos años, que Guido Alejandro Antonini

Wilson, el empresario venezolano-estadounidense que trajo en agosto de 2007 un maletín con 800.000

dólares para financiar presuntamente la campaña de Cristina Kirchner, estuvo en la Casa Rosada y se

reunió con miembros del entorno de la pareja presidencial.

A muchos partidarios de Cristina Kirchner les preocupa que la corrupción oculte algunos

logros del Ejecutivo cuando sólo queda un año y medio para las presidenciales. Martín Sabatella,

figura emergente de la política nacional y presidente del bloque Nuevo Encuentro -aliado del

kirchnerismo en el Parlamento-, pide al Gobierno que reconozca los "errores" para defender los "

pasos positivos" del Ejecutivo en materias de renovación judicial, derechos humanos o la asignación

universal por hijo, un subsidio recientemente aprobado para desempleados y familias de renta

baja./PEDRO CIFUENTES, Mendoza