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Impulsan un proyecto para dar subsidio a violadas embarazadas

Por Paola Aléale.paola@diariouno.net.ar

La Comisión de Salud de la Cámara de Senadores de la Provincia tendrá un arduo trabajo a partir de la próxima semana: sacar un despacho sobre el polémico proyecto del senador Matías Stevanato (sector azul del PJ) para crear el Programa de Prevención, Asistencia y Compensación de las mujeres que hayan concebido producto de una agresión sexual. En otras palabras: asistencia psicológica, social e incentivo económico para las mujeres violadas embarazadas. Así lo confirmaron tanto el autor del proyecto como el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, Ernesto Corvalán (PD).

Si bien el proyecto había quedado un poco relegado tras el intenso debate del aborto no punible (que finalmente fue rechazado en la Cámara Alta), y luego de las vacaciones de verano y la poca actividad legislativa con motivo de la Vendimia, parece que esta vez los legisladores han decidido darle tratamiento. Y en eso trabajarán la próxima semana. Stevanato contó con detalles en qué consiste el proyecto, que si obtiene despacho de la Comisión y de Legislación y Asuntos Constitucionales, tiene muchas posibilidades de convertirse en ley.

Cuánto cobrará la madreSi bien la iniciativa del peronista consta de diez artículos, entre los cuales se contemplan diversos aspectos sobre la atención integral de la embarazada, como la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer, la asistencia médica, psicológica, patrocinio jurídico gratuito, residencia provisoria y medicación sin cargo, el punto más conflictivo es el de la asistencia económica. El texto de la iniciativa de Stevanato dice que la mujer deberá cobrar el equivalente a un salario y medio mínimo vital y móvil, medio se le otorga a ella y uno completo al niño. Si se tiene en cuenta que en Argentina el valor del salario mínimo vital y móvil es de $2.835, la mujer embarazada producto de una violación cobraría $4.252,5.

Según la iniciativa, la mujer debería cobrarlo de por vida y el hijo, hasta la mayoría de edad. Stevanato explicó que este punto podría modificarse y se está pensando en cambiar el cobro “de por vida” por un subsidio durante diez años. De todas maneras, explicó que se invitará a participar en el debate a los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Uno de los debates más extensos y difíciles de resolver durante el 2012 fue el del aborto no punible. Finalmente y después de permanecer más de dos meses en las comisiones de Salud y Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, la iniciativa de la radical Liliana Vietti para reglamentar la Guía Técnica Nacional para la realización de la interrupción legal del embarazo en casos de violación quedó en la nada. Los senadores la rechazaron y pasó al archivo. Uno que estuvo en contra desde la primera hora del proyecto de Vietti fue Stevanato, quien presentó esta idea en octubre (tres meses después de que ingresara el de aborto no punible) y la propuso como “alternativa”: consistía en subsidiar a las mujeres que hubieran quedado embarazadas producto de una agresión sexual. Específicamente, lo que propone es asistir en cuanto a lo psicológico y social a la mujer violada, inducirla a que haga la denuncia –a pesar de que esto no es obligatorio, por ser la violación un delito de instancia privada– y finalmente compensarla económicamente.

El programa en 8 puntos 1. Instituir en la provincia de Mendoza el Programa de Prevención, Asistencia y Compensación para toda mujer embarazada por causa de delitos contra la integridad sexual.

2. Los objetivos

  • Prevención y erradicación de toda forma de violencia contra la mujer.
  • Asistencia médica.
  • Asistencia psicológica.
  • Asistencia económica previsional.
  • Asistencia y patrocinio jurídico gratuito.
  • Residencia provisoria.
  • Medicación gratuita.

3. Una vez hecha la denuncia o habiendo tomado conocimiento del hecho por cualquier medio, se deberá brindar la asistencia prevista en el punto dos.

4. La asistencia económica prevista en el artículo 2 inciso d será para la mujer de un importe mensual equivalente a medio salario mínimo vital y móvil, y para el hijo, un importe mensual equivalente a un salario mínimo vital y móvil.La asistencia será dispuesta por el juez que entienda en la causa promovida por la comisión del delito.

5. El derecho a percibir los beneficios previstos en el presente programa comenzará, en lo que respecta a la madre, desde la concepción del niño y mientras dure la vida de ella y, en lo que concierne al niño, desde su nacimiento y hasta que alcanzare la mayoría de edad.

6. El Ministerio de Desarrollo Humano Familia y Comunidad, en coordinación con el Ministerio de Salud, deberá reglamentar la misma a los 60 días contados desde su promulgación.

7. Será obligación de los profesionales que aborden el caso poner en conocimiento a la mujer de forma personal sobre lo atinente a la personalidad y derecho del no nacido, los derechos que le asisten en cuanto a salud psíquica, física y emocional, como los riesgos que le pueden ocasionar las prácticas quirúrgicas que se indicaren.

8. El Ministerio de Desarrollo Humano Familia y Comunidad deberá difundir a través de los medios masivos de comunicación la existencia del presente programa.

Libres para poder optar, columna de opinión

Por Paola Aléale.paola@diariouno.net.ar

Alternativa es una palabra que procede del francés y significa opción existente entre dos o más situaciones. En este caso, presentar el proyecto del senador Matías Stevanato (PJ) como “alternativa” al aborto no punible en casos de violación es al menos erróneo. Esto porque en la provincia la interrupción legal de embarazo tal y como lo prevé el Código Penal en su artículo 86, y luego de la interpretación amplia que hizo la Corte Suprema de Justicia al respecto, no está protocolizada. Por lo tanto, queda en la voluntad del profesional y del hospital en el que se lo solicite cumplirlo o no. Entonces, si el proyecto que ofrece ayuda integral y subsidio monetario a mujeres que hayan concebido producto de una violación llega a convertirse en ley, la alternativa sería falsa, ya que quienes se encontraran en esta situación no podrían optar entre interrumpir el embarazo o recibir ayuda para no hacerlo.

Por otra parte, una iniciativa que propone que las mujeres violadas y embarazadas cobren $4.200 de un subsidio por continuar con la gestación puede hasta resultar discriminatorio para las que no quieran llevarla a término.

En un Estado de derecho, es menester que las leyes se cumplan en el 100% de su territorio y de la misma forma. ¿Por qué en 11 provincias de este país no existe un protocolo que proteja el cumplimiento real y efectivo de una legislación que tiene casi 100 años? Sin opciones, no hay alternativas que valgan y sin alternativas, no hay libertad. La democracia debería garantizarla.