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martes 31 de octubre de 2017

Gils Carbó vs. el Gobierno, una larga pelea que comenzó a fines de 2015

Su permanencia de en el cargo de procuradora general de la Nación después del 10 de diciembre de 2015 fue una áspera cuestión política.

La permanencia de Alejandra Gils Carbó en el cargo de procuradora general de la Nación después del 10 de diciembre de 2015 fue primero una áspera cuestión política, o en todo caso político-jurídica y, andando el tiempo, se extendió este año también al plano judicial, al ser imputada y luego procesada por irregularidades en la compra de un edificio.

El 2 de diciembre de 2015, pocos días antes de que Mauricio Macri asumiera la Presidencia de la Nación, el diputado Pablo Tonelli (PRO) declaraba que era una "decisión tomada" relevarla de su cargo mediante un decreto presidencial.

La decisión de desplazarla estuvo siempre presente desde entonces, aunque la vía para lograr su apartamiento pronto se reveló más compleja: en ese diciembre de 2015, la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco señaló que la "única vía" era el juicio político.

Desde entonces, se sucedieron las exhortaciones gubernamentales dirigidas a que Gils Carbó renunciara al cargo, alternadas con la búsqueda de otros caminos, entre ellos un proyecto de 2016 para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y acotar la duración del mandato de su titular.

Además de contar con el apoyo de los organismos de derechos humanos y del kirchnerismo en el Congreso Nacional, la posición de Gils Carbó se vio de hecho reforzada en diciembre de 2016, cuando el papa Francisco la recibió por más de una hora junto con sus pares de Bolivia y Uruguay, para hablar de un programa de acceso a la Justicia destinado a sectores sociales postergados.

No obstante, la situación de la procuradora general de la Nación se complicó en el plano judicial cuando en marzo de este año fue imputada en una causa por irregularidades en la compra de un edificio donde pasó a funcionar la jefatura de los fiscales.

Por esos días, el ministro de Justicia, Germán Garavano, volvía a pedirle la renuncia. "No combatió al delito y la corrupción". Todo se complicó aún más el 12 de octubre, cuando el juez Julián Ercolini la procesó –junto con otras cuatro personas– por considerarla coautora del delito de administración fraudulenta en la compra del edificio.

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