Los requerimientos de asistencia judicial sobre los que se trabaja podrían tener lugar en casos vinculados con lavado de activos, financiamiento del terrorismo, crimen organizado trasnacional o graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro país durante el terrorismo de Estado, entre otros delitos.
Fuentes de la Procuración señalaron que los funcionarios de la Santa Sede “se mostraron dispuestos para colaborar con las investigaciones que se desarrollan a nivel local, siempre que las solicitudes respeten los requisitos formales y sustanciales de la legislación vaticana”.
La delegación argentina que acompañó a la Procuradora General estuvo compuesta por el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del MPF, Jorge Auat; el titular de la Secretaría de Coordinación Institucional del MPF, Lisandro Pellegrini; el coordinador de Cooperación Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Diego Solernó y el ministro de la embajada argentina ante la Santa Sede, Alberto Balboa Menéndez.
Fuente: Télam