El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, elevó al presidente Mauricio Macri los pliegos de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti para integrar la Corte Suprema de Justicia, luego de evaluar las opiniones recibidas para su designación. Finalizado el procedimiento de participación ciudadana.
Cuatro días después de asumir como presidente, Macri designó por decreto en comisión a los juristas Rosenkrantz y Rosatti como nuevos integrantes de la Corte Suprema para completar el cuerpo con cinco miembros.
Mediante estas designaciones, Macri espera cubrir las dos vacantes en el máximo tribunal del país que dejaron Carlos Fayt y Eugenio Zaffaroni para que no funcione únicamente con los actuales tres miembros, Ricardo Lorenzetti (presidente), Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
"Finalizado el procedimiento de participación ciudadana, conforme el Decreto N° 222/2003, se elevaron al señor Presidente de la Nación las candidaturas de los doctores Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz para ocupar los vacantes de ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", indicó un comunicado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La designación de ambos juristas causó una polémica en el ámbito político, debido a que los nombramientos se produjeron "en comisión", es decir que por decreto podrían asumir en sus cargos antes de que se produzca el requerido acuerdo del Senado.
El jefe de Estado se amparó en lo determinado en el artículo 99, inciso 19 de la Constitución, que lo faculta a "llenar vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura".
Sin embargo, Rosenkrantz y Rosatti aún no asumieron, lo que se postergó al menos hasta febrero, en medio de duras críticas de la oposición a la determinación de Macri y luego de una serie de contactos con el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti,
La cartera que conduce Garavano informó anoche que el 18 de diciembre de 2015 se inició el término para que los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, y demás sectores de la sociedad civil hiciesen llegar sus posturas y observaciones respecto de las postulaciones.
