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El titular de Hidráulica se defiende y dice que “no hay delito y que todo se trató, simplemente, de una desinteligencia"

Por UNO

Por Adrián Giunta

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El escándalo por presuntas irregularidades en el uso de combustibles en la Dirección General de Hidráulica sumó un nuevo capítulo. Los senadores de la UCR habían presentado el jueves una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Complejos contra dos funcionarios de esa repartición (Marcelo Toledo, director del organismo, y Roberto Moyano, jefe de Compras) para que se los investigue por una posible malversación de fondos. 

Ocurre que en mayo, el Tribunal de Cuentas intimó a estos dos funcionarios a pagar cerca de $484.000 porque tras una auditoría no pudieron justificar un faltante de combustibles. 

Ahora fue Marcelo Toledo quien salió a defenderse y a dar su versión. Anunció, además, que la Suprema Corte de Justicia ya admitió una Acción Procesal Administrativa (APA) que interpuso durante este mes. 

En la auditoría que realizó el Tribunal de Cuentas se constató una diferencia entre lo facturado y los registros que lleva esa repartición pública. 

Para Toledo, está claro que “no hay delito y que todo se trató, simplemente, de una desinteligencia, de una falla de comunicación: hay información que no fue totalmente evaluada por el Tribunal de Cuentas. Cuando ellos pasaron por la repartición, no hablaron conmigo, se fueron directamente a hablar con la persona que despacha el combustible, que es una de las fuentes de información, pero no la única en esta repartición”, se defendió en declaraciones realizadas a Radio Nihuil. 

El director de Hidráulica entiende que no hay delito, ya que “está claro” que el combustible se gastó en el organismo a su cargo: “Están los tickets fiscales firmados por los choferes, no hay delito, nosotros estamos tranquilos porque tenemos toda la información necesaria”, señaló.

Dijo que no se defendió antes porque recién ahora la Suprema Corte admitió la Acción Procesal Administrativa que presentó. Y aunque admitió que estas “diferencias técnicas” no deberían ser normales en la Dirección de Hidráulica”, al mismo tiempo, aseguró estar tranquilo porque ese combustible “se gastó en la repartición”. 

Todo parece indicar que el notorio aumento en el consumo de combustibles fue lo que llamó la atención en el Tribunal de Cuentas. 

En este caso, Marcelo Toledo explicó que eso es así porque desde hace años la provincia de Mendoza está en emergencia aluvional, lo cual implica un mayor consumo de combustibles. 

Cómo el fallo del Tribunal de Cuentas no está firme, ahora será la Corte la que determine si se inicia un proceso penal o no.