País

El gobernador tiene en sus manos la convocatoria y también el poder

Por UNO

Por Paola Piquer

ppiquer@diariouno.net.ar

@paolapiquer

El 1 de abril del 2014 celebré que la Legislatura de Mendoza hubiera convertido en ley un proyecto obligando al Estado provincial a crear el cuerpo de patrocinio jurídico gratuito para todas aquellas personas que padezcan violencia de género. El objetivo era poner fin a un vacío legal inexplicable: las mujeres, de querer avanzar con un proceso judicial, debían pagarse el abogado. En cambio, los victimarios gozaban de asesoramiento sin cargo.

Luego, el 26 de agosto volví sobre el problema de la violencia contra las féminas y acusé a los funcionarios y legisladores mendocinos de trabajar poco sobre las iniciativas que ya tienen a mano para mejorar la situación de miles de víctimas. Habían pasado 4 meses y nada se sabía sobre la creación de la oficina legal. También seguían cajoneados proyectos como el que declara la emergencia en violencia de género o el que plantea crear un registro de hombres que tienen exclusión del hogar y prohibición de acercamiento.

Por esas horas, el asesinato de la hermana del ex ministro de Salud, Matías Roby, a manos de su ex marido, que tras el hecho se suicidó, conmocionaba a la sociedad.

“Crónica de una muerte anunciada”, confesaba Roby, rendido por la tragedia, ante la consulta periodística. Casi la misma frase que utilizaron el viernes pasado quienes conocían a María del Carmen Saldaño, la mujer que fue apuñalada por su ex esposo, en Guaymallén, luego de años de torturas físicas y psicológicas. 

¿Qué pasó entre un femicidio y otro? Solo tiempo. 

Por falta de presupuesto o de decisión política, por desidia o negligencia, porque sigue siendo un tema marginal y no de la “alta política”, póngale el rótulo que más le guste, ni uno de los más de 12 proyectos de ley presentados sobre de la problemática avanzó en la Legislatura. 

A los ya mencionadas hay que sumar la falta de discusión sobre el otorgamiento de licencias para las empleadas públicas que padezcan violencia, la creación de fiscalías especiales que reciban este tipo de denuncias, la obligatoriedad de los autos oficiales de circular con el número 144 impreso, el teléfono que atiende a damnificadas, o la apertura de refugios para quienes quieran abandonar el hogar donde son maltratadas.

En el Ejecutivo las cosas no andan mucho mejor. La ley 8.653, que es de autoría una legisladora del mismo signo político que la actual gestión gubernamental (Sonia Carmona-Frente para la Victoria), que fue promulgada por el decreto 631 el 11 de abril del 2014 y publicada en el Boletín Oficial el 8 de mayo del mismo año, aún es letra muerta. Por ende, las víctimas siguen sin poder acceder gratis al patrocinio legal. 

El Ministerio de Desarrollo Humano tenía un año para reglamentar el texto, plazo que venció el pasado 8. “Hay un retraso. Nos demoramos porque estamos articulando con otros ministerios. Se barajan varias alternativas, como que el patrocinio sea gratis para la víctima, pero que las costas las pague el agresor. También analizamos cerrar un convenio con el Colegio de Abogados. Pero quédense tranquilos, que en breve verá la luz”, aseguró ayer Soledad Benegas, directora del área de la Mujer, Género y Diversidad. 

Benegas aclaró que ante urgencias, el Estado ya ha facilitado asesoría legal. Sin embargo, la ley es clara: el beneficio debe ser masivo y federal, de manera que el derecho se cumpla por igual para quienes sufren en Godoy Cruz o en La Paz.

La semana pasada, el gobernador Francisco Paco Pérez posteó una foto suya con el cartel que invita a la marcha nacional contra los femicidios para el 3 de junio. Puso en sus manos una buena convocatoria. Lo que no puede pasar por alto es que en sus manos él tiene otra herramienta: poder. 

El poder de movilizar a sus propios funcionarios y legisladores, y de otorgar presupuesto adecuado para que funcionen todos aquellos planes sensatos ideados para mitigar la violencia contra las mujeres.

Me sumo: “Ni una menos”.

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