El pedido debería ser resuelto antes del 30 de septiembre próximo, ya que ese día vencen unos 200 millones de dólares y, si Griesa no lo acepta, los bonistas no podrán cobrar aunque la Argentina efectúe el depósito.
El Citigroup le pedirá al juez Thomas Griesa autorizar el pago de bonos argentinos emitidos bajo legislación nacional, luego de la decisión de la Corte de Nueva York de desestimar un pedido para anular el bloqueo dispuesto en julio por el magistrado.
El pedido debería ser resuelto antes del 30 de septiembre próximo, ya que ese día vencen unos 200 millones de dólares y, si Griesa no lo acepta, los bonistas no podrán cobrar aunque la Argentina efectúe el depósito.
Según trascendió de agencias internacionales, un abogado de la entidad financiera le comunicó el viernes al juez que el plan del banco es pedir la habilitación del pago.
La semana pasada, abogados de la Argentina y del Citi participaron de una audiencia en la Corte de Apelaciones de de Nueva York -órgano superior a Griesa-, pero el Tribunal desestimó el pedido y dijo que no tenía competencia sobre la cuestión.
"Como su señoría sabe, estamos de cara a un vencimiento de pagos el 30 de septiembre, de modo que seguramente pediremos un stay (suspensión temporal del fallo)", afirmó Karen Wagner, abogada de Citigroup, en la audiencia con Griesa.
Ante el juez, el Citigroup admitió que corre serios riesgos de sanciones operativas y criminales si no cumple con el pago a los tenedores de bonos PAR.
"El contrato de Argentina no es con el Citibank Nueva York, es con el Citibank Argentina, que es un banco argentino que está aprobado por el Banco Central, o sea se somete a la legislación Argentina. Si no paga, si no distribuye la plata, estaría incumpliendo leyes argentinas", sostuvo el ministro Axel Kicillof. Si finalmente no llega el "stay", los fondos quedarían bloqueados, los bonistas no cobrarían y se estaría en situación idéntica a la de fines de julio, cuando las calificadoras de riesgo consideraron a la Argentina en situación de incumplimiento.
Todo este intríngulis jurídico se produjo tras la decisión del juez Griesa de bloquear todos los pagos de la Argentina si antes no compensa a los fondos buitre, quienes tienen un fallo firme a favor por 1.330 millones de dólares.
El Gobierno asegura que está dispuesto al pago pero en las mismas condiciones de los bonistas que entraron a los canjes 2005 y 2010, ya que de lo contrario se activaría la denominada cláusula RUFO que impide realizar una oferta mejor a otros acreedores. Argentina emitió alrededor de 8.400 millones de dólares en bonos bajo ley argentina, de los cuales la mitad se cree que está en manos de tenedores que viven fuera del país.
