Todo comenzó la semana pasada cuando un paciente que iba a ofrecer su sangre observó que en el sector de hemoterapia del Hospital Español había un afiche informativo que lo indignó. El cartel, colocado en la puerta de ese servicio, explicaba cuáles son los requisitos para ser donante y en uno de esos puntos excluía a aquel que tuviera "hábitos homosexuales o bisexuales". El hombre entonces decidió realizar, acompañado por su mujer, una denuncia al INADI por considerar que el impedimento es discriminatorio.
En algunos hospitales de Mendoza impiden que este tipo de pacientes donen sangre por considerarlos pertenecientes a un grupo de alto riesgo para contraer SIDA, según indicaron a este portal jefes de servicios de hemoterapia de varios nosocomios locales y profesionales de ese sector de la salud.
Previo a la extracción de sangre se interroga al dador sobre sus hábitos sexuales, entre otras cosas, para saber si es "apto" para ese acto. Este interrogatorio tiene carácter de declaración jurada y es elaborado por el propio hospital y con su propio criterio.
El Gobierno -a través de su Programa Provincial de Hemoterapia- aseguró que desconocía esta situación y admitió que no tiene control sobre este cuestionario.
Foto enviada a nuestra redacción por un lector. Fue tomada en el hospital español.
Diariouno.com.ar habló con distintos profesionales, referentes por este asunto, y todos ellos coincidieron: la pregunta es necesaria pero todo depende de cómo se haga. Manuel Álvarez, jefe de Hemoterapia del Español, afirmó que "quizás el cartel no está explicando bien de qué se trata y esté mal expresado". Sin embargo, agregó que "más allá de lo que opine uno personalmente del tema, lo cierto es que hay una ley (la 22.990) que obliga a hacerlo".
Sangre coagulada
La llamada Ley de Sangre fue sancionada en noviembre de 1983, en el mismo año que apareció el primer caso de SIDA en el país y tuvo varias modificaciones, la última mediante un decreto en 2004. En uno de sus artículos curiosamente inhabilita transitoriamente (por un espacio de 12 meses) como donantes de sangre a hombres que mantengan "relaciones sexuales con otro hombre" y a la mujer que haya tenido relaciones con un hombre "que a su vez haya tenido sexo con otro".
"La ley puede estar desactualizada, porque puede suponer a los homosexuales como un grupo de riesgo ya que los primeros casos de SIDA se registaron originariamente dentro de esa comunidad. Pero es lo legal y hay que cumplirlo", evaluó Álvarez. En tanto su colega del Hospital Central, el doctor Rodolfo Nieto, apuntó a una cuestión semántica, tanto en la ley como en la elaboración de los cuestionarios: "quizás el problema esté en la expresión. Hay palabras que pueden herir susceptibilidades".
"Se pone énfasis en la condición sexual pero eso dice nada, en realidad hay que hablar de conductas sexuales. Se sabe que el sexo anal es la actividad más riesgosa y es practicada por héteros u homosexuales por igual. En vez de hablar de 'sexo anal' se utiliza la expresión 'relaciones entre hombres', posiblemente de forma errónea. También es cierto que es muy fuerte preguntarle al paciente de la primera manera", explicó Nieto.
Víctor Bitar, director del Programa Provincial de SIDA, opinó que "esto es lisa y llanamente discriminación por eso coincido con el denunciante. La ley es bastante antigua y en este sentido no hubo actualización, perdió completamente su vigencia. Esta norma hay que revisarla y eventualmente cambiarla", y sentenció: "Hace rato que los heterosexuales son los que mayoritariamente se contagian de SIDA por eso lo ridículo de estigmatizar a los homosexuales. Una cuestión anatómica como el sexo anal, practicado por ambos grupos, no debe ser un impedimento para donar sangre".
Pasarella, del INADI, también criticó el alcance de la ley: "Es ridículo, no puede referirse a los grupos de riesgo cuando en realidad se trata de poner énfasis en las conductas de riesgo. Creemos que la ley debe ser derogada y reemplazada por otra acorde a este tiempo. Con esta denuncia el INADI actuará recomendando a los legisladores que cambien la norma".
Sin criterio único
Ese supuesto razonamiento sesgado y "discriminatorio" del texto de la ley es empeorado, en algunos casos, por los cuestionarios que a modo de declaración jurada debe completar el donante. Es que los mismos son confeccionados por cada centro asistencial, bajo su propia interpretación de la ley, y no son controlados por el gobierno provincial.
La directora del Programa Provincial de Hemoterapia, Natalia Luna, admitió a este portal que su área no unifica el criterio en las distinas preguntas, aunque "veremos la situación para comenzar a hacerlo".
"No es de nuestro interés indagar o dilucidar la condición sexual del dador. No corresponde porque supondría hacer discriminación. Nosotros apuntamos a saber si el paciente tiene pareja estable, sexo protegido o por el contrario conductas de riesgos como la promiscuidad. Esto es independientemente de sus gustos sexuales. Con respecto a los cuestionarios, los tomaremos y evaluaremos para unificar criterios", prometió la funcionaria.
