País Jueves, 27 de septiembre de 2018

Confirmaron el procesamiento de la ex Procuradora

Es en la causa en la que se investigan irregularidades en la compra de un edificio para el organismo que condujo.

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó en la causa en la que se investigan irregularidades en la compra de un edificio para el organismo que condujo.

Así resolvió la Sala I de la Cámara Federal, que confirmó el procesamiento de primera instancia del juez federal Julián Ercolini, quien acusó a la ex procuradora por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

No obstante, la Cámara modificó la calificación del delito al de negociaciones incompatibles con la función pública, que prevé penas de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua "al funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo".

En la misma resolución, los jueces Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens modificaron el embargo de 7 millones de pesos que había impuesto Ercolini y lo fijaron en 1,2 millones de pesos.

Al modificar la calificación de la imputación, los camaristas consideraon que no hubo perjuicio contra el Estado porque el edificio de la calle Perón en cuestión se adquirió en valores lógicos, y también descartaron irregularidades en la comisión que fue pagada por la empresa privada que vendió el inmueble.

No obstante, sí determinó que hubo direccionamiento de la licitación y manejo de información privilegiada a la hora de llevar adelante la operación inmobiliaria.

El edificio en cuestión está ubicado en la calle Perón 667, donde actualmente funciona la Procuración Generla de la Nación, e intervino en la operación la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, actuando de intermediario Juan Carlos Thill, al que se le habría pagado una comisión de 3 millones de pesos.

Thill es hermano del número dos del área de contrataciones de la Procuración General de la Nación, Guillermo Bellingi.

Por la operación en la que vendió la firma Arfinsa, de la familia Bemberg, el organismo que conducía Gils Carbó pagó 8 millones de pesos a Jaureguiberry en concepto de comisión y ésta, a su vez unos 3 millones a Thill.

Para la Justicia la compra del edificio estaba digitada desde antes y se montó todo un armado para darle apariencia de legalidad.

La Cámara Federal ahora confirmó además el procesamiento de Bellingi, Fischer, Jaureguiberry y Thill por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública; acusándo a la ex procuradora como autora de dicho delito.