Diario Uno > País

Cesantías por la estafa a la UFI

Alejandro Gameroagamero@diariouno.net.ar

Aunque la investigación penal de la Justicia aún está instruyéndose, el Estado provincial echó finalmente a dos funcionarios de la UFI (Unidad de Financiamiento Internacional) tras quedar involucrados en una escandalosa estafa descubierta en 2011 contra esa repartición por un valor de más de $5 millones.

Por ese desfalco cayó preso en aquel momento el titular de esa oficina, Marcelo Martorell (desplazado de su cargo de inmediato), quien sería imputado junto con María Florinda Rubio, Federico José Acuña y María Soledad Pastrana.

Tras concluir la investigación administrativa, el Ministerio de Hacienda cesanteó ayer a Rubio (directora de Administración) y Acuña (tesorero) y los echó de la Administración Pública.

La medida fue firmada por el ministro de Hacienda, Marcelo Costa, a instancias del fiscal de Estado adjunto, Javier Fernández, quien como parte acusadora había solicitado la cesantía para ambos.

En tanto, Pastrana (contadora general) se llevó una sanción más leve, con una suspensión por 30 días sin goce de haberes.

La UFI es la oficina autónoma encargada de administrar la tramitación y movimientos de fondos de los créditos internacionales que la provincia ha recibido.

El fiscal de Estado adjunto, Javier Fernández, dijo a Diario UNO: “La maniobra está claramente verificada”.

Y citó su propio dictamen: “Se comprobó que funcionarios de la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI), utilizando un procedimiento en apariencia legal, inventaban supuestos pagos a la AFIP y a Rentas mediante la emisión de cheques. Estos iban destinados a cuentas particulares con registraciones en el circuito contable que la UFI seguía para efectuar pagos creando órdenes de pago ficticias cargándolas luego a pago de retenciones de impuestos relacionadas al mismo número de expediente de los pagos legítimos”.

Fernández incluso recalcó que “a tal punto la maniobra es elocuente que para pagar esos impuestos que ellos decían que tenían que abonar con cheques no se estila pagarlos con cheques sino de forma electrónica”.

Además de la acusación penal en trámite en la Justicia y el despido que ahora resolvió el Ministerio de Hacienda, en agosto del año pasado el Tribunal de Cuentas intimó a los sospechosos a devolver una millonaria suma a partir de las irregularidades que fue detectando.

Así fue que el Tribunal de Cuentas demandó en su primer intimación parcial a pagar a los contadores Marcelo Martorell $987.693,50; María Florinda Rubio $898.195,80; Federico Acuña $694.715,83 y María Soledad Pastrana $89.497,70.

En otro dictamen resuelto paralelamente el tribunal los condenó a pagar además $252.836,08 en forma conjunta.