La dirigente se expresó así luego de que se conociera su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno en el Congreso para acortar el mandato de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó.

Carrió, dura contra sus socios de Cambiemos: "Optaron por acordar con Massa"

Por UNO

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, afirmó que "los integrantes de Cambiemos tenían conocimiento" de su disidencia sobre el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal "pero optaron por acordar" con el diputado del Frente Renovador Sergio Massa. La dirigente, que integra la alianza oficialista, se expresó así a través de su cuenta de Twitter, luego de que se conociera su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno en el Congreso para acortar el mandato de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. "Mi disidencia con respecto a la ley de Ministerio Público no es para nada sorpresiva. Cuestioné este proyecto de ley desde su ingreso al Parlamento y lo conversé con el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Los integrantes de Cambiemos tenían conocimiento. Pero optaron por acordar con Massa", disparó Carrió.Si bien ya había anticipado su postura, la diputada presentó formalmente este martes una observación al dictamen de mayoría, poco antes de que el PRO decidiera posponer su tratamiento, previsto para este miércoles en el Cámara baja.Puntualmente, Carrió consideró que debe proponerse para el procurador general de la Nación un mandato de diez y no de cinco años y rechazó que la norma que se apruebe pueda aplicarse a la actual jefa del Ministerio Público."Compartimos la necesidad de esta reforma y he sido una de las primeras en denunciar los abusos, los desvíos de poder e incluso los ilícitos cometidos en el ejercicio de su cargo por parte de la actual Procuradora General -a quien incluso impugné en soledad durante su proceso de designación-, pero ello no debe ser a costa de vulnerar principios constitucionales irrenunciables", advirtió.La legisladora consideró que "los cinco años que se proponen en el dictamen de mayoría, con posibilidad de una reelección, no hacen otra cosa que permitir esa vinculación impropia; es decir, permite que como máximo, al año de asumir el nuevo Presidente, cambie el Procurador en ejercicio por uno afín".Carrió señaló que así ese funcionario que se designe puede "resultar influenciable", lo que va en contra de principios constitucionales."En consecuencia, lo que en principio entiendo debe modificarse para que esta Cámara apruebe el proyecto es el plazo de duración en el cargo previsto para el Procurador General, proponiendo una duración mínima en el mismo, de al menos 10 años, evitando de esta manera la posibilidad de intromisión del Poder Ejecutivo Nacional en la designación, permanencia y remoción del Procurador General de la Nación", puntualizó.Además, evaluó que "a pesar de que la ley no lo dice, pareciera que pretende aplicarse retroactivamente y con ello lograr la salida por ese medio en el año 2017 de la actual procuradora Gils Carbó", cercana al kirchnerismo. "Pero aquí debo advertir que no se debe legislar para una persona, y que existen procedimientos de remoción también previstos por ley, que pueden y debieran ser llevados adelante en base a numerosas denuncias en contra de la funcionaria por mal desempeño e incluso por la comisión de ilícitos en oportunidad del ejercicio de su cargo; muchas de las cuáles la suscripta ha impulsado, como ya fuera señalado", subrayó. Según entendió, el proyecto que obtuvo dictamen con apoyo de Cambiemos y del Frente Renovador "regula en forma irrazonable los principios establecidos en nuestra Carta magna, en tanto le otorga al Poder Ejecutivo de turno, una herramienta por demás poderosa que le permitirá influir en todo el cuerpo de Ministerio Público, mediante la elección del Procurador General de la Nación, desnaturalizando de esta manera la figura del Ministerio Público como órgano extra poder". Para Carrió, Gils Carbó se desempeña en forma "absolutamente concentrada y verticalista" y cuenta "con un sistema de designación y remoción de fiscales, instrumentado con un alto grado de arbitrariedad"."En efecto, la titular de dicho organismo cuenta con varias denuncias penales en su contra por haber entorpecido investigaciones judiciales que afectaban los intereses de miembros del entonces Gobierno Nacional y, además, por haber designado fiscales ilegalmente, es decir, sin haber cumplido el procedimiento contemplado en la ley Orgánica del Ministerio Público", advirtió.

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