País Martes, 28 de agosto de 2018

Califican de "papelón" que una carta de San Martín haya estado en poder de Cristina

Así lo consideró el director del Archivo General de la Nación, Emilio Perina.

"La carta escrita por San Martín a O'Higgins encontrada en el allanamiento a la casa de Cristina Kirchner, en Calafate, debería estar en el Archivo General de la Nación. Ni en la Biblioteca Nacional, ni en la Academia de Historia, ni en el Museo Histórico, sino en el Archivo", afirmó Emilio Perina, su director.

Con respecto a cuál es la necesidad que alguien tiene de poseer y guardar estos documentos históricos Perina dijo: "Por admiración, por fetichismo, pero si lo guarda y oculta una sola persona diría que obedece al onanismo intelectual".

Cuando se le consultó sobre cuál puede ser el valor de esta carta consideró: "Son documentos que pueden llegar a valores insospechados. Nunca falta ese loco capaz de pagar cientos de miles por ver una carta firmada por San Martín. No me sorprendería que se pague un millón de dólares".

En cuanto a cómo llego esta carta a manos de un particular, Perina declaró: "No me animaría a decir que se lo robaron del Archivo, no, porque aquí se les pone un sello a cada documento que ingresa, por lo que debería tenerlo, aunque yo todavía no vi la carta. Ahora lo lógico sería que el Estado me la entregue en guarda a mí por orden del juez Bonadio, que si me autoriza yo podría exponerla en el Archivo General de la Nación".

Perina supone que Bonadio puede "pedirme que le diga si la carta es auténtica, porque puede ocurrir que Cristina haya adquirido un documento falso. ¿Cómo se verifica? Se toma una muestra de un milímetro cuadrado de la carta y se la envía al INTI, quien determina la autenticidad".

El director del Archivo de La Nación evocó la añeja ley 15.930, promulgada por el gobierno de Frondizi en 1961, que dice que "los poseedores de buena fe de bienes históricos deben declararlos ante el Archivo General" y el artículo 19 enfatiza que los documentos de carácter histórico que estén en poder de particulares deben ser denunciados por sus propietarios al Archivo General de la Nación o al archivo general de la provincia que corresponda, en el plazo de un año de promulgada esta ley. La no observancia de esta disposición implicará ocultamiento", repasó Perina, que dice que uno de los problemas de la Ley es que no establece penalidades, aunque recurre al artículo 26, que sostiene que las personas que infringieren la presente ley mediante ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos, serán penadas con multa de diez mil a cien mil pesos moneda nacional, si el hecho no configurare delito sancionado con pena mayor. "Claro que esta ley, que en su momento fue de gran avanzada en Latinoamérica, ya tiene 57 años".