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Avances y retrocesos en los últimos 60 años en la lucha de la mujer

Las luchas de las mujeres argentinas en los últimos 60 años lograron cambios sustanciales respecto de sus derechos y su lugar en la sociedad, desde el voto femenino puesto en vigencia en 1951 hasta la ley que agrava las penas por femicidio en 2012.

No obstante, la mujer sigue siendo muchas veces avasallada por la ideología machista y discriminatoria que perdura en sectores de la sociedad y que busca reproducir la desigualdad social de los géneros, atravesando tanto lo cultural como lo económico y sostenida en gran medida desde la violencia.

En este sentido, el siglo XX recibió la herencia histórica de formaciones sociales patriarcales que le asignaron a la mujer un lugar de subordinación y minusvalía, considerada incapaz y relegada al cuidado de los hijos y de la casa, al tiempo que era incorporada al mercado laboral en condiciones de superexplotación. Y aunque las mujeres tuvieron una larga trayectoria de luchas a lo largo de la historia, en distintos planos y junto con el hombre, permanecieron olvidadas en el relato histórico.

La lucha por sus derechos llevó a la conformación de movimientos feministas que logran en 1925 que se sancione la ley 11.317 que reglamentaba el trabajo femenino e infantil, y en 1926 la ley 11.357 de Derechos Civiles de la Mujer, aunque en forma limitada.

Pero a mediados del siglo XX un hecho cambió sustancialmente la condición de la mujer con la ley del voto femenino que consagra sus derechos cívicos, puesto en práctica por primera vez en las elecciones nacionales del 11 de noviembre de 1951. 

El decreto de promulgación de esta ley se firmó, con Juan Domingo Perón, Evita y miembros del gabinete nacional, en septiembre de 1947 frente a una multitud concentrada en la Plaza de Mayo. 

Pero no fue el único logro de ese momento, porque también bajo la iniciativa de Eva Perón, la Constitución de 1949 fijó la igualdad jurídica en el matrimonio y en la patria potestad y, años después, en 1954 el gobierno de Perón sancionó la Ley de Divorcio Vincular. 

Ambas disposiciones fueron derogadas por la dictadura de 1955, como sucedió más tarde con otros gobiernos dictatoriales que no sólo violaron los derechos civiles y sociales de la población sino que arremetieron con furia contra las conquistas de las mujeres. 

En las últimas décadas, la lucha y participación de las mujeres en instancias institucionales y organizaciones sociales logró un significativo avance en la legislación y la concientización de la sociedad, además de haber tenido una centralidad en la conquista de los derechos humanos frente al horror de la última dictadura. 

En este marco general, avanzaron los estudios de los cientistas sociales desde otra óptica diferente a la biologicista que logró instalar el concepto de género y hacer una construcción social de la condición de la mujer y del hombre que plantea una relación dialéctica entre igualdad y diferencia. 

Por un lado, están las normativas internacionales que fueron referenciando a la mujer en otro lugar de la sociedad, como la Convención de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y su jerarquía constitucional con la reforma de 1994, y la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y por otro lado están las disposiciones nacionales, como la reforma constitucional de 1994 que avanza en este sentido al reconocer los derechos de las mujeres y establecer el principio de igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres. 

Tres años antes, en 1991, la Ley de Cupos establece que las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo de treinta por ciento de los candidatos a los cargos a elegir. 

Otras leyes de la época se fueron enmarcando en ese nuevo rumbo como la 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, de 1994 o la 25.087 de Delitos contra la Integridad Sexual, de 1999. Y el siglo XXI ahonda ese camino con normativas como la 25.543 de 2001 del Test de VIH a toda Mujer Embarazada o la 25.584 de 2002, que prohíbe en las escuelas acciones que impidan el acceso al estudio de alumnas embarazadas o madres en período de lactancia.

A su vez, la ley 25.673 de 2003 crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito del Ministerio de Salud; la ley 25.929 plantea en 2004 el Parto Humanizado y en 2006 Argentina aprobó el Protocolo Facultativo de la Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 

A esas leyes se sumaron la 26.150 de Educación Sexual de 2006; la 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata y Asistencia a sus Víctimas de 2008; la 26.485 de 2009 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres. 

A fines de 2012 se convirtió en ley una modificación al Código Penal, que agrava las penas por femicidio. Asimismo, en el 2010 y 2011 se aprobaron dos leyes, de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género, que si bien son más amplias, abarcan a la mujer en aspectos específicos de sus derechos. 

En tanto, en el plano político, la Argentina se ubica en la región como el único país que reeligió "a una presidenta mujer, como así también el país en el que la participación de las mujeres en los ámbitos legislativos muestra los mayores porcentajes", según un estudio de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.