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Admitieron que se debe actualizar la tarifa de la luz

Por Cecilia Osorioosorio.cecilia@diariouno.net.ar

Los futuros aumentos de la tarifa de la luz eléctrica en la provincia podrían ser trimestrales o cuatrimestrales, pero el monto aún no está definido.

Así se conoció ayer en la audiencia pública no vinculante sobre cómo se implementarán esos incrementos.

La mayoría de los expositores acordaron en que es necesaria una actualización tarifaria, pero que los mecanismos para llevarla a cabo deben ser transparentes.

También se consideraron aspectos relativos a fondos para obras de infraestructura eléctrica y el plan de la tarifa eléctrica social para los jubilados.

La convocatoria la hizo el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), que invitó a representantes de las distribuidoras de energía eléctrica –Edemsa, Edeste SA y la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, entre otras–, del Gobierno y de organismos defensores de los consumidores y usuarios, quienes se reunieron ayer en el hotel Savoia (ex Ejército de los Andes) para exponer las distintas propuestas.

El informe recopilado por la entidad organizadora será elevado al gobernador, quien tomará la decisión final de los incrementos de las tarifas eléctricas, ya que –según establece el reglamento– el Poder Ejecutivo provincial, por ley, debe actualizar el procedimiento de los incrementos tarifarios.

Elián Japaz, titular del EPRE, expresó: “Este encuentro es la continuidad de un proceso que arrancó el año pasado con un ajuste menor de las tarifas, en setiembre del 2012, y otro en enero de este año, cuando hubo incrementos del 5% en promedio”.

“La finalidad es tener un servicio eléctrico adecuado y con tarifas transparentes, y fortalecer el control a las distribuidoras con análisis de los costos en un marco de transparencia para los 530.000 usuarios”, marcó Japaz.

Desde el Gobierno, Patricia Martínez, directora general de Servicios Públicos, propuso la reforma del artículo 33 bis, que implica desde el 2008 la posibilidad de reajustes en las tarifas. “Esto está prohibido. La propuesta es no transgredir el ordenamiento y atender a la protección de los usuarios con tarifas justas, y velar por la sustentabilidad de los servicios”, dijo.

De este modo, la idea apunta a aplicar auditorías y análisis de flujos de ingresos y egresos en los estados contables de las distribuidoras de energía eléctrica, con el fin de establecer si las subas se justifican.

“Esto se traduce en que el usuario reciba un mejor servicio, que se reduzcan los cortes de energía y que tengan una tarifa razonable”, aclaró la funcionaria.

Uno de los entes que defienden los derechos de los consumidores, Protectora, expuso su posición al respecto y fue José Luis Ramón quien planteó: “Pretendemos que las empresas establezcan un precio justo y adecuado de las tarifas de luz eléctrica y que el Estado sea quien lo apruebe. Pero los costos tienen que ser blanqueados en una audiencia pública. Estamos en contra de las subas por decreto”.