Gonzalo Villatoro
Las quejas vecinales en General Alvear por la inseguridad volvieron a poner sobre el tapete los inconvenientes en la administración de justicia y, la dilación en torno a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal (CPP) no sólo en Alvear, sino en todo el Sur mendocino.
La respuesta a esa pregunta no varió un ápice en la última década: la falta de presupuesto sigue siendo el principal escollo para que toda la provincia quede unificada bajo el mismo CPP. En el Gran Mendoza está en vigencia desde el 2004 y en el 2011 comenzó en el Este.
Mientras tanto, para salir del paso, la Corte dio carta blanca a una propuesta diseñada en Alvear: ampliar el horario de atención del Juzgado de Instrucción con la implementación de una secretaría vespertina y la ampliación de competencias del Juzgado Penal de Menores alvearense a Juzgado de Flagrancias, y completa el combo de paliativos la creación de una cámara que entienda en cuestiones penales, laborales y civiles.
Para satisfacer la necesidad de justicia en los tres departamentos sureños también hay decisión de concretar acciones que estaban en carpeta, como son la creación y la puesta en marcha de un juzgado de Instrucción y una fiscalía en Malargüe. En la actualidad, ese departamento no posee dependencias que entiendan en materia penal y dependen de San Rafael, que está a 190 kilómetros de distancia. Por último, abrir una secretaría vespertina más en los juzgados de Instrucción sanrafaelinos.
Las nuevas medidas fueron debatidas en el seno de la Suprema Corte de Justicia entre el presidente del máximo tribunal, Pedro Llorente, y una comitiva sureña que estuvo encabezada por el intendente alvearense, Juan Carlos De Paolo; los concejales de todas las fuerzas políticas y legisladores tanto de Alvear como de Malargüe.
“Es un reclamo muy fuerte el que se presentó, porque estaba todo el arco político (de Alvear) representado. Además es criterioso y bien pensado. Por eso hay que darle curso”, comentó Raúl Vicchi, coordinador de Relaciones Institucionales del Poder Judicial.
“La aplicación del nuevo código se va a dilatar. Por eso es necesario reforzar la estructura que hoy tenemos. Los jueces están sobrepasados”, admitió el funcionario. Ante el requerimiento que partió desde el Sur, “el presidente ordenó avanzar rápidamente”, remarcó Vicchi.
En el terreno práctico, son dos los pasos que se deben cumplir para concretar las medidas. Lo más rápido es la puesta en funciones de las secretarías vespertinas. La estructura está montada y solamente depende de la decisión administrativa del tribunal como la Procuraduría de asignar un mínimo de fondos y el recurso humano necesario (un secretario y tres auxiliares por cada una), mientras que los juzgados a crearse quedarán sujetos a la buena predisposición de los legisladores porque deben ser aprobados por ley.
“Las demandas de la población sobre la administración de justicia siempre están dirigidas al fuero penal. En consecuencia, con esas decisiones se aumentaría notablemente la productividad y la celeridad en el tratamiento de las causas”, sostuvo el juez Néstor Murcia, titular del Cuarto Juzgado de Instrucción de Alvear.
Diez millones de pesos en el Presupuesto para adecuarse al sistema
Ante la escasez de recursos para aplicar el código aprobado en 1999 en el ámbito de la Segunda Circunscripción Judicial que comprende a San Rafael, Alvear y Malargüe, en el Presupuesto de la Provincia para este año, que aún está en veremos, los legisladores del Cuarto Distrito agregaron una partida de $10 millones para iniciar las tareas de adecuación del sistema judicial.
Si bien esa cifra representa el 5% de la masa total de dinero que se requiere, Raúl Vicchi consideró que “si se aprueba permitirá trabajar en la adecuación de edificios judiciales o las comisarías y así avanzar un paso más en la aplicación del Código Procesal Penal”.
