Enrique Pfaab
Cinco hombres apoyarán sus nalgas en las sillas, mañana, en un ambiente que conocen muy bien. Sin embargo, no se sentarán en esos cómodos sillones a los que estaban acostumbrados. Deberán ocupar el sitio reservado para los acusados. Algunos estiman que deberán ubicarse en esas sillas durante dos años, hasta que se conozca la sentencia condenatoria o absolutoria.
A partir de mañana, Mendoza será escenario del primer juicio por delitos de lesa humanidad en donde, además de juzgar a integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, se analizará la responsabilidad que tuvieron algunos miembros de la sociedad civil, específicamente, funcionarios del Poder Judicial, como Otilio Ireneo Roque Romano, Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Gabriel Guzzo.
El Tribunal Oral Federal Nº1 debe resolver sobre la suerte de 41 imputados en las que se conocen como la megacausa D2 y la causa contra los jueces. En la primera hay 201 víctimas y más de 200 testigos, y un número similar tiene la que involucra a los ex magistrados de la Justicia federal.
Sólo el requerimiento fiscal tiene más de 700 fojas y, además de la fiscalía, están constituidos como querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Provincia de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Justicia, y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), mientras que en algunos de los expedientes también hay abogados particulares.
“Éste es el primer juicio en la Argentina por delitos de lesa humanidad en donde se analizará a miembros de la sociedad civil que permitió que el aparato represivo del Estado pudiera funcionar ilegalmente”, dijo el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos local, Juan Manuel González. “Esperemos que esto sea un primer paso y que se siga avanzando, porque no sólo hubo responsabilidad de militares y fuerzas de seguridad, sino que esto fue posible por la colaboración de miembros del Poder Judicial, de partidos políticos, de empresarios y de sectores del sindicalismo”, sostuvo. “No voy a emitir valoraciones hasta tanto la Justicia no resuelva, pero son cosas que hay que investigar”, acotó.
La subsecretaría que dirige González pondrá a profesionales de la salud y abogados a disposición de las víctimas durante del desarrollo del juicio.
“Será todo un equipo de acompañamiento, con profesionales de la Provincia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y miembros de las organizaciones de derechos humanos. Esto es importante porque todavía hay sectores muy reaccionarios, y hay víctimas y testigos que siguen teniendo miedo”, dijo el funcionario.
La acusación
En el juicio se investigará al personal militar y policial que actuó en el D2 y tuvo participación en la detención, la desaparición y las torturas desde 1974 y durante todo el gobierno de facto, hasta 1983.
El ex fiscal y juez federal Romano está acusado de haber sido partícipe primario en 103 delitos de lesa humanidad, mientras que Miret está acusado de en poco más de 30 hechos, ambos por no atender denuncias ni investigar esas privaciones ilegítimas de la libertad, desapariciones, robos y torturas.
La misma acusación pesa sobre sus colegas Carrizo, Petra Recabarren y Guzzo.
Los acusados
En el listado de 41 acusados figura el ex general Luciano Benjamín Menéndez, quien todavía no ha sido juzgado en Mendoza en los tres juicios anteriores sólo porque estaba compareciendo en debates similares que se estaban realizando en otras provincias.
Además, en esta nómina hay algunos imputados que ya han sido condenados en otras causas.
Aldo Patrocinio Bruno, Armando Osvaldo Fernández, Paulino Furió, Ricardo Miranda, Alcides París Francisca, Luis Rodríguez y Eduardo Smaha ya tienen una prisión perpetua en su haber.
En el caso de Juan Agustín Oyarzábal, cuenta con dos condenas a prisión perpetua.
Además, Dardo Migno tiene dos sentencias en su contra por 12 y 14 años, y Ramón Ángel Puebla posee una de 18 años de prisión.
