Por Carina Luz Pérez
En 2015 serán puestas en práctica por primera vez en Mendoza las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para elegir autoridades provinciales, intendentes y concejales, según lo dispuesto por la Ley Nº8.619 aprobada hace ya 10 meses. Anteriormente, las PASO fueron convocadas para definir legisladores nacionales en octubre de 2013 y candidatos presidenciales en 2011.
En un escenario sin desdoblamiento del calendario electoral, es decir, votando en forma conjunta con la nación, los mendocinos podríamos ir a las urnas tres veces: una para definir precandidatos a gobernador y presidente, otra para la elección general, y la restante en caso de que las fórmulas para suceder a Cristina Fernández no alcanzaran más del 45% de los votos, por lo que sería realizada una segunda vuelta. Una cuarta visita a las urnas podría determinarse para las intendencias que quieran ir por separado, como ya lo hacen Capital y San Carlos.
En cambio, si el gobernador Francisco Pérez decidiera separar el llamado a elecciones provinciales de las nacionales, en lugar de 3 veces, los mendocinos deberíamos ir en 5 oportunidades a votar: las tres votaciones para elegir presidente (si hay balotaje), y dos más para gobernador.
Para algunos analistas este panorama parece no tan lejano, porque observan una pérdida de popularidad de la figura presidencial que podría tener una influencia negativa sobre el peronismo local y poner en jaque las aspiraciones de continuidad en la gestión.
Pero a la vez, en Mendoza nunca se han desdoblado las elecciones, por razones políticas y porque el gasto del proceso eleccionario estaría a cargo de las arcas provinciales, como también del dinero que la norma exige destinar a la campaña de los partidos políticos. En conjunto con nación, los fondos llegarían en su mayor parte de esa caja.
Se estima que cada llamado provincial a las urnas cuesta alrededor de $18 millones, según cálculos realizados por la Junta Electoral de Mendoza en relación a la cantidad de electores que tiene la provincia.
La reglamentación
La definición del calendario electoral y reglamentación de la Ley 8.619 es potestad del gobernador, por lo que desde el Ejecutivo repiten una y otra vez que marzo será el momento para hacer estos anuncios, ya que de anticiparse la gestión podría verse complicada por la lucha interna del oficialismo y porque en realidad están sobrados de tiempo.
La ley establece un calendario electoral de 180 días anteriores a la entrega del mando al próximo mandatario, el 9 de diciembre de 2015. Esto posibilita que las PASO puedan ser convocadas en mayo o junio y para 90 días posteriores, las elecciones generales. En la nación se decidió que las primarias sean el domingo 9 de agosto y las elecciones generales el 25 de octubre, con una diferencia entre una y otra de 77 días corridos.
Sin embargo, tanto los partidos de la oposición (radicales, demócratas y la izquierda), como la Junta Electoral están pidiendo que la reglamentación salga cuanto antes, ya que deben adecuar sus cartas orgánicas para presentar sus candidatos y también porque hay que definir un presupuesto en la pauta de gastos que discutirá la Legislatura a fines de este año.
Reunión clave
Para hoy a partir de las 9, en el Salón de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, la Junta Electoral ha convocado a la Comisión de Seguimiento de la Ley 8.619, integrada por 4 diputados, 4 senadores, 1 miembros del Ejecutivo provincial y dos intendentes, propuestos por los 18 municipios, más el presidente y secretario de la misma Junta para empezar a analizar la aplicación en territorio de la nueva ley.
En ese encuentro, la Junta Electoral hará pública sus objeciones a ley y propondrá una serie de puntos que deberían estar en el decreto reglamentario del Ejecutivo.
Desde la Junta Electoral interpretan que la reglamentación está entrelazada al calendario electoral, y estiman que el Gobierno jugaría sus fichas para manejar los recursos y domar la interna peronista.
La postura oficial
Gustavo Tobares, secretario Legal y Técnico de la provincia, explicó que el gobernador decidió llevar a marzo la definición de la reglamentación, porque “definir de antemano la cuestión operativa abriría todo el esquema de especulaciones políticas anticipadamente. Él está preocupado por la gestión. Tampoco le gusta mucho esto de los candidatos que se van lanzando, y entiende que abrir la discusión ahora sería abrir el terreno de las especulaciones políticas 6 meses antes de las elecciones”.
La senadora nacional radical Laura Montero, aspirante a ser la primera gobernadora de la provincia, presentó una propuesta para aclarar varios artículos de la norma
En su opinión, la ley requiere hacer más operativo tres aspectos: cómo será el esquema de adhesión en la medida que hay un marco distinto al régimen electoral nacional, al menos hasta el 2017, cuál será el mecanismo para integrar las listas una vez conocidos los resultados de las PASO, por lo que sugirió el sistema D’Hondt y, por último, como se definirá el financiamiento de las campañas publicitarias ya que la norma local no establece proporciones claras.
►18 millones es el costo de cada acto electoral en Mendoza, sólo sumando los gastos operativos de votación, boletas, urnas y seguridad, escrutinio.
►Fecha de convocatoria
La ley deja en manos del gobernador, la decisión de desdoblar o no las elecciones. El oficialismo busca consenso antes de fijar fecha para disminuir el número de precandidatos.
►Reglamentación
El Gobierno provincial reconoce como necesaria la reglamentación de algunos artículos de la ley, como por ejemplo, qué ministerio manejará los fondos para la campaña. En el radicalismo también quieren avanzar en el armado de las listas y la distribución de estos fondos para cada candidatura.
►Efectos
La aplicación de las PASO debería democratizar a los partidos políticos, dejando atrás el peso del aparato partidario que hasta ahora definen las candidaturas.
