Marcelo Arce
Como otra parte de la embestida contra las petroleras, empujado por la caída de la producción y con más de un año de demora, el gobierno de Francisco Pérez finalmente pondrá en marcha este fin de semana el proceso para controlar mejor la cantidad de crudo que las empresas extraen de nuestro territorio y que luego se transforma en regalías.
Según confirmó ayer el ministro de Hacienda, Marcelo Costa, el domingo se publicará en los medios el llamado a licitación para implementar la denominada “telemedición” en las bocas de extracción de petróleo, que remplazará en el mediano plazo al actual sistema de liquidación a través de declaraciones juradas que presentan las propias empresas.
El anuncio oficial de la medida se realizará el próximo martes y es muy probable que el gobernador esté presente. “Esperamos que para finales de noviembre el nuevo método de control esté funcionando”, expresó Costa.
La telemedición, en trazos gruesos, se realiza a través de caudalímetros, conocidos como unidad LACT, que son cajas negras que contabilizan la cantidad de petróleo extraído.
En la actualidad las regalías se cobran a través de una declaración jurada que aportan las empresas, como también por la supervisión de un grupo exiguo de inspectores públicos: sólo llegan a los 10, para un trabajo de campo que deben hacer en más de 80 pozos en todo el territorio.
Cuando la movida de Pérez contra YPF comenzó, hacia mediados de febrero y empujado por el gobierno de Cristina Fernández, una de las primeras decisiones que tomó la actual administración fue implementar definitivamente la telemedición para saber con exactitud cuánto petróleo se extrae en Mendoza.
En un principio, según el borrador de decreto en el que trabajó el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, el plan del Poder Ejecutivo era que las empresas petroleras asumieran el costo de los equipos y la Provincia iba a ser la responsable de la captura de los datos.
Pero en el paso del expediente por la cartera de Hacienda, Pérez volcó la situación. Dispuso que sea la Provincia quien asuma la inversión de la compra de los caudalímetros y que todo el sistema de control quede así en manos del Estado por un costo de U$S2.822.000.
En ese sentido la licitación que arrancará la próxima semana comprende la compra con fondos públicos de 300 equipos de control, que tienen un costo que oscila entre los U$S5.000 y los U$S12.000 dólares cada uno. La cantidad de caudalímetros está vinculado a los puntos de control que se consideran necesarios establecer en todos las áreas de producción.
Concesiones hasta 2027
Los mayores controles sobre las empresas petroleras ya debieron haber sido implementados desde diciembre de 2010, cuando Celso Jaque firmó las prórrogas de las concesiones hasta 2027. Al menos así lo dejó establecido en el artículo 9 del decreto 3.089 (que incluso suscribió Pérez como ministro de Infraestructura), en el que se establecía la mejora en la calidad de los controles de la extracción de crudo. La renegociación de contratos implicó la prórroga hasta 2027 de 31 áreas de explotación petrolera e incluyó principalmente a YPF (que tiene 16 áreas) y otras compañías. La demora se transformó en menos plata para la provincia: en 2011 los ingresos por regalías rozaron los $1.000 millones y las estimaciones del propio Gobierno siempre hablaron de que con la telemedición esa recaudación podría llegar a aumentar varios puntos.
