Cecilia Osorio
El nuevo plan de convivencia escolar tuvo resultados alentadores hacia el interior de las escuelas secundarias comunes, según las autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE). Fue establecido hace un año y determinaba el remplazo de las amonestaciones por un índice de 25 puntos que se pierden según las faltas que se cometan, pero pueden recuperarse con acciones positivas.
Según un monitoreo realizado por el gobierno escolar, de 88.400 estudiantes de nivel medio (se excluyeron las secundarias técnicas y las privadas), el 68% cometió faltas leves (como hablar en clases, que restan un punto), mientras que, en el polo opuesto, quienes cometieron faltas graves y protagonizaron el año pasado los casos más visibles (daño de mayor intensidad riesgoso para terceros o para sí mismo, como llevar armas a clase, que resta de siete a nueve puntos) fueron sólo el 6%.
En todos los niveles educativos, los actos más violentos representan el 1%, de acuerdo con la información de la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario (DOAIT).
El resto –26%– fueron “faltas moderadas”, aportaron desde la DGE.
“La mayoría de los estudiantes pudo reparar el daño causado”, dijo auspiciosamente en un primer momento la directora general de escuelas, María Inés Abrile de Vollmer. Y añadió que “todas las escuelas formaron su Consejo de Convivencia”, en el que participan no sólo las autoridades de las instituciones educativas, sino también los padres y los mismos alumnos, que son quienes deciden, en el caso de la pérdida total del puntaje, sobre el futuro del estudiante.
No existe la expulsión, pero el alumno que haya agotado su cuota de faltas puede ser cambiado de escuela o de turno. El documento determina que la decisión del consejo será válida “si sesiona con la mitad más uno requerida de miembros y si la misma cuenta con la mitad más uno de sus votos”, además de que son “innegociables las sanciones cuando la transgresión implica un atentado contra la vida o el uso de armas”.
Asesores legales para docentes
La política educativa sobre la convivencia fue una de las que más polémica causaron cuando se anunció en el anterior ciclo lectivo.
A la par también se diseñaron un nuevo régimen de asistencia (se contabiliza por materia y ya no en general) y la controvertida Guía de Procedimientos ante Situaciones Emergentes –conocida como el Protocolo contra la Violencia–, que quedó pendiente para este año. Fueron 1.500 las escuelas secundarias que aportaron sus comentarios al borrador de este trabajo, que llegó a manos de la Justicia e incluso hasta la Bicameral de Seguridad de la Legislatura provincial.
Como este diario publicó tras un sondeo en las jornadas donde se discutía el primer protocolo diseñado por la DGE, los docentes apuntaban a la desprotección cuando algún padre o incluso un alumno comete contra ellos actos agresivos o intimidatorios. También señalaban que no estaban capacitados para resolver situaciones complejas, como abusos, drogadicción y uso de armas.
El borrador fue enviado a 1.500 escuelas que aportaron sus conclusiones. Según las autoridades educativas, “se mejoró y ya está listo para ser aplicado”. Fue consultado con la Justicia porque uno de los problemas que los docentes manifestaban era la dificultad para hacer las denuncias y la exposición ante ciertos episodios. “El nuevo protocolo determina en qué casos el docente tiene que hacer la denuncia y cuándo debe intervenir otro organismo del Estado, en este caso, como el OAL (de la DINAF, con presencia en los departamentos). Además creamos asesorías legales en las delegaciones regionales”, dijo Vollmer. Y aclaró: “Estos abogados no van a estar para resolver litigios de la DGE, sino para acompañar a los docentes”.
