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Anularon 21 autorizaciones para extraer agua de pozo en Agrelo

Por Marcelo Arce

arce.marcelo@diariouno.net.ar

Un organismo del Departamento General de Irrigación dispuso ayer dar de baja una veintena de autorizaciones para perforar agua en las márgenes del río Mendoza en la zona de Agrelo, Luján, por estar sospechadas de irregularidades.

Fue luego de que el gobernador Francisco Pérez tomara la decisión política de seguir ese camino para dar una señal de transparencia.

Dichas autorizaciones fueron otorgadas en 2010 (gobierno de Celso Jaque), en medio de sospechas de anomalías y de pedidos de coima.

Ahora con el voto afirmativo de cinco miembros, el Honorable Tribunal Administrativo (HTA) de Irrigación procedió a determinar la clausura de esos pozos que, bajo la condición de una autorización precaria, habían sido otorgados a siete grandes emprendimientos productivos.

El superintendente de Irrigación, José Luis Álvarez, participó como miembro en la reunión quincenal del HTA y consiguió allí lo que Pérez había anunciado el sábado, en el desayuno de la COVIAR.

Por votación unánime de los miembros de este Consejo (Álvarez más Alejandro Gennari por el río Mendoza, Carlos Dávila por el río Tunuyán superior, Ricardo Scandura por el río Tunuyán inferior y Oscar Demuru por el río Diamante) se emitió una resolución que obliga ahora a las empresas a cegar esos pozos.

El argumento es que durante estos años tuvieron autorizaciones precarias y que sólo estaban autorizados a perforar, no a utilizar el agua.

La previa y el transcurso de la votación no fueron fáciles para el Gobierno. Scandura dudó en apoyar el planteo de Pérez hasta el jueves a la tarde, pero luego lo respaldó. Gennari, de extracción radical, fue más allá.

Este consejero votó a favor, pero hizo una presentación para que el expediente sea elevado a la Justicia penal, para que se investigue la posible comisión de delitos de los funcionarios que otorgaron estos permisos.

Los consejeros que dieron de baja a los pozos (todos de extracción peronista) no avalaron esta postura, a pesar de que uno de los argumentos que se incluyeron en el expediente es gravísimo: se comprobó que los pozos cuestionados se habilitaron sin el dictamen legal correspondiente.

La posible reacción judicial

La decisión política de Pérez de dar de baja estos pozos se enmarca en una medida dura, destinada a terminar de transparentar un organismo que, luego de cuatro años de gestión durante el gobierno de Celso Jaque, quedó envuelto en denuncias de irregularidades y fuertes sospechas de corrupción.

Las autorizaciones para perforar de la discordia fueron 21 en su momento. Habían sido otorgadas por el ex superintendente de Irrigación Eduardo Frigerio, en 2010, y denunciadas un año más tarde por un diputado del peronismo disidente, Roberto Blanco.

El entonces legislador consideró que fueron otorgadas no sólo en tiempo récord, sino en zonas restringidas durante una crisis hídrica, para terminar beneficiando a siete grandes emprendimientos en Agrelo, sobre las márgenes del río Mendoza (ver aparte).

Esto, entre otra larga serie de irregularidades y bajo la sospecha de que el otrora hombre fuerte de Irrigación, Jorge Villalón, estaba detrás del cobro de jugosas comisiones por estos trámites.

Frigerio renunció a su cargo hacia finales de 2011, para evitar un juicio político en su contra por estas denuncias, pero las empresas que obtuvieron sus permisos siguieron adelante con sus emprendimientos productivos.

Villalón es la mano derecha del operador político Juan Carlos Mazzón, que instruyó, hace dos días, al sector del peronismo que lo sigue, los azules, para que rompa con las respectivas conducciones de los bloques del oficialismo en la Cámara de Diputados y de Senadores.

Con lo sucedido ayer, se abre un riesgo para la provincia. Se descarta que los poseedores de esas perforaciones alegarán que se verán afectados derechos adquiridos, con lo cual podrían demandar a Irrigación por cifras que podrían ser millonarias.

Y otra cosa. Es muy probable que desde el lunes mismo comiencen a presentarse acciones de amparo ante la Justicia, lo que podría demorar varios meses el proceso de clausura.

Un relevamiento indicó que, de los veinte pozos de agua, sólo cinco se encuentran todavía en terrenos incultos. El resto ya riega entre 800 y 1.000 hectáreas, fundamentalmente de viñedos.

Y un dato más: según un estudio realizado por el radicalismo, la mitad de los pozos que extraen agua en Mendoza, o sea unos 6.000, lo hacen a través de permisos precarios otorgados por el superintendente, sin que hayan obtenido la concesión definitiva del Honorable Tribunal Administrativo.

Entre franceses y Tinelli

De los pozos que ahora deberán ser cegados, al menos dos fueron otorgados a los franceses de Vignes des Andes para el desarrollo de un proyecto vitícola e inmobiliario. Otros tres, a una empresa local llamada KLP SA, que tiene una facturación de $20.000.000.

Hay dos pozos que quedaron en manos de Santa María de los Andes SA. En esta sociedad figura Daniel Matuone, titular de Casinos Victoria y de Arena Maipú, que está desarrollando 140 hectáreas de viñedos. Una de las parcelas de ese loteo es propiedad de Marcelo Tinelli.

Los demás pozos fueron otorgados a Aymuray (tres), Santa Croce SA (uno), Bulnes SA (dos) y Golf Club Alto Agrelo (cinco). Por último, también figura la empresa Cerezas de Argentina SA con tres permisos para los pozos cuestionados.

Apoyo de los inspectores

La conducción de Irrigación buscó dotar de respaldo político interno a la decisión tomada ayer. Lo hizo a través de la difusión de un comunicado en el que logró juntar la firma de los inspectores de cauce del río Mendoza, estamento clave en Irrigación, quienes salieron a respaldar la baja de los 20 pozos.

“Avalamos las medidas tomadas por el gobernador Francisco Pérez y el superintendente de Irrigación, José Luis Álvarez, referentes a lograr la suspensión de los permisos y el no otorgamiento de la concesión para la explotación de pozos autorizados a construirse en la margen derecha del río Mendoza”, redactaron los inspectores.

“Apoyamos incondicionalmente esta medida, que aumenta la calidad institucional del agua, ya que la ley está para cumplirla. Asimismo, los permisos otorgados son contrarios a nuestra legislación y a los derechos e intereses de los usuarios. No vamos a negociar que sean otorgados derechos de concesión de pozos ilegalmente construidos”, concluyeron.

Contrapunto

►Es el pasado que vuelve. Gestión bajo la lupa. Eduardo Frigerio, vinculado al sector justicialista de los azules que orienta el multioperador Juan Carlos Mazzón, condujo en el gobierno de Celso Jaque una de las gestiones más polémicas que ha tenido Irrigación, el ente rector del agua para riego en Mendoza. Su administración terminó sospechada de corrupción y denunciada por legisladores del PJ disidente. Ante el escándalo, Frigerio renunció, para no ser sometido a un Jury. Paco Pérez pidió poner la lupa sobre los pozos de Agrelo.

►La contracara que avala Pérez. Dar de baja fue la orden. José Luis Álvarez, titular actual de Irrigación, se ha preocupado por dejar sentado que su gestión es la contracara de la de su antecesor Frigerio. En realidad, es el propio gobernador Pérez el que ha marcado esa impronta. Ayer anunció que el Tribunal Administrativo de Irrigación ha decidido la clausura de una veintena de pozos de agua, en las márgenes del río Mendoza, cuya autorización precaria había quedado manchada por sospechas de irregularidades.