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miércoles 13 de diciembre de 2017

Suma apoyo proyecto oficial de frenar altos intereses laborales

La iniciativa busca anular el fallo de la Corte que fijó una tasa que ronda el 40%. Quiere que se actualicen con la inflación

La estrategia del Gobierno para ponerle coto al reciente fallo de la Suprema Corte, que fijó la tasa libre (que ronda el 40%) para los intereses de los litigios laborales avanza y consigue adeptos. Mientras el proyecto de ley que pretende que los intereses se actualicen con la inflación se abre paso en la Cámara de Senadores, la Federación Económica de Mendoza (FEM) y el Consejo Empresario Mendocino (CEM) salieron a mostrar su pleno apoyo a la iniciativa del Ejecutivo. Es más, desde la FEM estudian presentar un recurso extraordinario contra aquel fallo.

La apuesta del Gobierno es que la iniciativa que ingresó a la Legislatura hace poco más de una semana deje sin efecto el fallo que califican de un "disparate que favorece la industria del juicio: resultará más beneficioso litigar que no hacerlo".

Ese proyecto, que viene a regular los intereses moratorios en la provincia, establece que estos se actualicen como las UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) siguiendo el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), basado en el índice de precios al consumidor. Además, para asegurar una reparación de los perjuicios que provoca la mora y preservar el capital, la iniciativa deja librado al criterio del juez que además del índice de UVA otorgue el 5% anual más, desde la fecha de la moratoria hasta que se hace efectivo el pago.

Hoy el proyecto ingresará a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, y desde la Cámara de Senadores invitaron al subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino –uno de los autores– para que explique sus alcances.

"Esa posibilidad sería más razonable porque no perjudicaría ni al trabajador ni al empleador. En cambio, lo que establece el fallo de la Suprema Corte es un disparate que perjudicaría la producción de empleo en la provincia y sólo beneficiaría a los abogados, que no llegarían a un acuerdo, especulando con que mientras más tiempo dure el juicio más ganarán", analizó Adolfo Trípodi, titular de la Federación Económica de Mendoza.

Ante el perjuicio que les provocaría aquel fallo vigente en la provincia desde noviembre, desde la FEM analizan con sus asesores legales presentar un recurso extraordinario ante el máximo tribunal provincial, que es la vía obligada para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y así intentar frenar su alcance.

"Nos entrevistamos con el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, y nos explicó que cuando la Corte adopta un fallo plenario, las cámaras deben aplicarlo, salvo que se sancione una ley provincial que diga algo distinto. Por eso es que apoyamos la iniciativa del Gobierno, mientras tanto definimos si presentamos el recurso extraordinario", acotó Trípodi.

"El fallo frena inversiones"
"Liberar el interés de los litigios laborales a un porcentaje que duplica la inflación es un escándalo, porque nadie va a pensar en una mediación, sino que irán directo a un juicio especulando con los intereses. Esto perjudica a todo el sistema laboral y productivo, porque encarece los costos laborales y eso congela toda chance de tomar personal, frena cualquier iniciativa de inversión en la provincia y propicia el trabajo en negro, y con él cae el sistema previsional porque no hay aportes", evaluó Federico Ostropolski, presidente del Consejo Empresario Mendocino.

Desde esta óptica, tanto el CEM como otras cámaras empresariales locales creen que la iniciativa del Ejecutivo que ya se baraja en la Casa de las Leyes "es una alternativa válida que llega para proteger sobre todo a la pequeña y mediana empresa que es la que genera más empleo y la que más sufriría con estos intereses descomunales porque son las que tienen menos espalda financiera para costear este disparate", amplió Ostropolski.

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