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domingo 10 de junio de 2018

Seis de los siete miembros de la Corte cobran más de 200 mil pesos

El sueldo más alto es el de Pedro Llorente que roza los 300 mil pesos. El más bajo gana $184.231. Casi todos ellos podrían haberse jubilado pero al ser cargo vitalicios se quedan por los salarios elevados

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ya se prepara, al menos en lo protocolar, para recibir a Dalmiro Garay, el elegido del gobernador para ocupar el cargo que Alejandro Pérez Hualde dejará el 30 de junio para jubilarse a partir del 1 de julio. Previa aprobación del Senado, Garay (45) se convertirá en el séptimo supremo entre el 2 y el 6 de julio –sería el miércoles 4– porque no hay tiempo que perder. Dicho de otro modo, a continuación comenzarán las vacaciones de invierno de la Justicia.

¿Qué Corte recibirá a este abogado nacido en San Juan y de profundas raíces con el radicalismo mendocino y fortísima vinculación con la administración pública y con Alfredo Cornejo?

Aunque por adelantado, acompañemos a Garay en su primer día de trabajo en el Palacio Judicial, que tantos años trajinó como letrado de la Dirección de Escuelas. Imaginémoslo llegando temprano. A las 8, como se espera de un juez con tamaña responsabilidad y privilegios que ya trataremos. A cada paso Garay se lleva tatuadas en su humanidad muchas miradas de todo pelaje. Lógico: Garay es un sapo de otro pozo. Pero no de cualquier pozo, sino del pozo de enfrente, donde desde que gobierna Cornejo se motorizan reformas y críticas y agudas observaciones operativas y jurisprudenciales, lo que para el Poder Judicial son algo así como malas palabras.

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Hagamos el esfuerzo de "ver" a Garay, a quien su mentor definió como "arquitecto de las reformas" cuando lo bendijo en público. Ahí va. Entra al reducido ascensor exclusivo para magistrados y, por qué no, ajustándose el nudo de la corbata durante la travesía, hasta que el elevador se detiene en el cuarto piso y abre sus puertas y le abre a él los sentidos de un mundo nuevo para él, pero que no es tan nuevo. Seguramente será recibido por María Antonia Correa, histórica y amabilísima encargada de las audiencias de los supremos y del protocolo. Luego le abrirán una puerta de vidrios esmerilado e ingresará, ahora sí, al sector más sensible de la Justicia: ese corredor de casi cien metros de largo a cuyas márgenes se erigen, cual pirámides que deben ser veneradas, cada uno con su cartel identificatorio en la puerta, los despachos de los siete supremos.

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Además, las oficinas de la casi treintena de relatores encargados de redactar los fallos, varios de los cuales han erizado los ánimos del mismísimo Garay desde 2015.

Mundo nuevo
Cuando Garay asiente su maletín rebosante de aires renovadores en el despacho que durante 14 años ocupó Pérez Hualde, habrá pasado muy cerca de la oficina del supremo que cobra el mejor sueldo de todo el Poder Judicial y, por ende, de la Corte: Pedro Llorente, que percibe casi $300.000. Sí, leyó bien. Casi trescientos mil pesos por mes.

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A esa hora, acaso ya le haya estrechado la diestra de bienvenida Jorge Nanclares, otro veterano del alto tribunal, que percibe otro sueldo alto. Levemente menor, pero también impactante: $274.053.
Garay conocía semejantes cifras tanto como el recorrido de cada mañana para ir desde su casa al Centro Cívico. Pero una cosa es ser sapo del otro pozo y otra muy distinta es recalar en el pozo tantas veces cuestionado, incluso por lo alto de las mensualidades que abona la Provincia a los supremos.

Porque no solo los bonos de sueldo de Llorente y Nanclares pegan fuerte, sino los de todos los supremos.

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Como los del antecesor de Garay, que hasta el último día de trabajo activo cobró $224.202, y los de José Valerio, $240.819; Omar Palermo, $207.585; Mario Adaro, $184.321; y Julio Gómez, $264.083.
Empaparse acerca de cuestiones tan mundanas e indispensables como la ubicación de los sanitarios y el número del área Mayordomía para pedir agua y/o café para él y sus invitados harán más llevadero el debut tribunalicio a lo grande de Garay.

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Rápidamente lo habrán puesto al tanto de un dato no menor: que dispone de auto con chofer para cualquier tipo de traslado, como es uso y costumbre para todos los supremos desde el inicio de los tiempos. Acaso Garay se tope ahí con el primer gran desafío: ¿utilizará vehículos oficiales para hacerse traer cada mañana desde casa y llevar a casa pasado el mediodía como varios supremos? ¿O dirá no gracias, llego y me voy en mi propio vehículo, como suena más apropiado a quien ha sido educado en el pozo de enfrente?

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Lo del uso del vehículo oficial o del propio no es hojarasca: sirve para pintar conductas ejercidas por ciertas personas con poder pero con recursos ciudadanos, es decir ajenos. Es que adentrándose en esa lógica de que lo que no está prohibido está permitido, imperante en tribunales, alguna vez Garay supo de al menos un usía que se hace llevar a casa, aunque quede lejos. O escandalosamente lejos. A casi 300 kilómetros del despacho. Y sin contar otro tanto para regresar al despacho en el cuarto piso del Palacio Judicial, porque el kilometraje treparía a la friolera de 600 kilómetros.

El cargo es de por vida y pueden jubilarse a los 60
Los jueces locales, incluidos los de la Corte, pueden jubilarse cuando quieran porque ninguna ley fija una edad tope para que se vayan. O sea, tienen un cargo vitalicio.

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Ese privilegio está dispuesto por la Constitución y para desterrarlo hay un único camino: la reforma de la Carta Magna.

Sin embargo, la clase política encontró un atajo para tentarlos con el retiro: desde 2007 los jueces pueden jubilarse a los 60 años por una quita de 5 años para los varones que hasta entonces, y como el resto de los trabajadores, podían gestionar el retiro desde los 65 años. En nuestra Corte ese plan no prendió porque salvo Palermo y Adaro (son menores de 60) todos los demás están en funciones habiendo superado la edad para iniciar el retiro.
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