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domingo 26 de noviembre de 2017

Mendoza podría ser demandada por unos $102 millones

De 2015 a 2017 la Sala II del máximo tribunal recibió 204 causas penales con presos cuyos plazos de prisión preventiva se vencieron.

En Mendoza cuando un delincuente que tiene prisión preventiva recibe su condena puede apelarla y esa causa recae indefectiblemente (porque aquí no hay una Cámara de Casación) en la Sala II Penal y Laboral de la Suprema Corte de Justicia. Y mientras los supremos resuelven, esa persona continúa en prisión preventiva, que según la ley reciente se extinguiría a los 6 meses de presentada la apelación o a lo sumo a los 9 meses si el caso exigiese una prórroga.

Entre 2013 y octubre de este año llegaron a la Corte 2.519 causas penales con personas privadas de la libertad para resolver, provocando un verdadero colapso porque a ellas se suman las 2.657 de conflictos laborales. Eso es el 70% del total de las causas que llegan al tribunal.

Entre ellas, según el análisis que hizo el Gobierno, hay 12 causas del 2015 en las que ya se venció aquel plazo de la prisión preventiva, otras 79 del 2016 que están en igual situación y 113 que ingresaron este año que están prontas a vencerse.

En consecuencia, los abogados de esos 204 presos podrían eventualmente iniciar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)y demandar a la Provincia por este retraso de la Justicia.

Si revisamos el pasado cercano, ante denuncias similares por distintas situaciones con internos de las cárceles locales el Estado mendocino pagó U$S100.000 (hoy $1.800.000) por alguien que sufrió una lesión en un penal y el doble por una persona que falleció en la cárcel. Esos parámetros, siguiendo las estadísticas gubernamentales, indican que por cada retraso de Justicia, Mendoza podría recibir demandas de $500.000, lo que multiplicado por las 204 causas da la friolera suma de $102.000.000.

"La Sala Penal y Laboral de la Corte está colapsada y el panorama indica que continuarán recibiendo ese promedio de causas o más por algunas medidas que ha tomado este Gobierno para agilizar la Justicia, como la Ley de Prisiones Preventivas. Esa es una de las justificaciones de por qué queremos sumar dos jueces a la Suprema Corte y tener 3 salas con 3 jueces cada una para descomprimir esta situación y no quedar expuestos a la eventuales reclamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", justificó el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino.

El proyecto, de autoría del senador Juan Carlos Jaliff, ya consiguió media sanción de la Cámara Alta el martes pasado y ahora deberá dar batalla en la Cámara de Diputados.

Opción: una Cámara de Casación
Uno de los argumentos de la oposición, que le bajó el pulgar a la ampliación de la Corte, esgrime que en vez de sumar dos jueces supremos sería más práctico para descomprimir su colapso crear una Cámara de Casación, que reciba aquellas causas apeladas y haga de filtro para que éstas no lleguen al tribunal supremo.

"Pensar en crear una Cámara de Casación es mucho más costoso que sumar dos jueces supremos. Habría que nombrar al menos un juez por cada cámara del crimen, que son 12, un secretario por cada 3 jueces y un prosecretario por cada uno de estos últimos. Sólo los jueces deberían cobrar como un camarista, unos $120.000, lo que significa que en sueldos eso saldría $1.440.000 y generar un puesto de trabajo con la infraestructura que necesita porque no hay edificio para eso costaba meses atrás unos $60.000. Como se ve, al Estado le costaría mucho más esa opción", explicó D'Agostino.

Otra de las razones para optar por ampliar la Corte antes que crear una Cámara de Casación se basa en lo que éstas generan: "En Buenos Aires por ejemplo fracasó esa opción porque al existir la Casación se replican los juicios. Es decir todo aquel que recibe una condena la apela y esa causa se reedita en la Casación", explican puertas adentro del Poder Judicial empleados conocedores de la dinámica.

No sólo sumar, además visibilizar
La letra del proyecto que busca convertirse en ley incluye además la obligatoriedad de publicar los fallos (actualmente los penales no se publican) en la página web oficial de la Suprema Corte y también todas las acordadas y resoluciones que firme ese tribunal supremo.

Entre ellas, precisa, "las licencias de los magistrados y funcionarios y designaciones".

"Esto es así porque actualmente hay acordadas de la Corte desconocidas, que por ejemplo determinan la funcionalidad de dependencias suyas. Además creemos que debería hacerse público cuándo y cuántas licencias se toman", amplió D'Agostino.

Qué dice la ley
Art. 295 Del Código Procesal Penal. Se dispondrá el cese de la prisión preventiva, de oficio o a pedido del imputado, ordenándose la inmediata libertad de éste, que deberá efectivizarse sin más trámite...

Inciso 6. Agrega el artículo 295: "Cuando la duración excediere de 6 meses sin que se haya dictado el fallo del recurso extraordinario interpuesto contra sentencia no firme. A pedido del procurador, la Sala Penal podrá prorrogar por 3 meses el plazo".

En 2016 cada ministro penal recibió dos causas por día

Tras conocer los fundamentos del proyecto de ampliación de la Corte, Diario UNO buscó las estadísticas del mismo tribunal y de ellas surgió un colapso similar al descripto por el Gobierno.

Según datos de la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial, del total de causas que llegaron al tribunal supremo en los últimos 5 años entre el 67% y el 73% de los reclamos ingresaron a la Sala II Penal y Laboral. Sólo por citar un ejemplo, en el 2016 llegaron a la Corte 1.904 causas, de las cuales 1.375 (el 72%) fueron penales y laborales.

El colapso que genera aquel cúmulo de causas laborales y penales se podría ver más claramente si se dividiese ese total de causas por los tres jueces que hoy integran la sala. El cálculo indicaría que cada uno de ellos recibió 458 causas anuales, lo que dividido por los 215 días hábiles del 2016 (contando la feria judicial) cada supremo recibió unas 2 causas por día. A eso habría que sumar que no resuelven unilateralmente, lo que complejiza aún más la resolución.

"No voy a opinar políticamente si está bien o mal ampliar la Corte, sí voy a aceptar que la Sala II está colapsada", admitió el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, a quien se lo consultó también sobre la opción de crear una Cámara de Casación para descomprimir el colapso: "Eso generaría una instancia más y sólo demoraría el proceso. Además nada garantiza que haga de filtro. En Buenos Aires no funcionó", dijo.

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