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lunes 09 de julio de 2018

"Los 7 hogares del Estado tienen en promedio el 90% de ocupación"

El Estado tiene 7 macrohogares de ancianos, de los cuales el Santa Marta de Mendoza capital es el más poblado con casi 100 abuelos.

El Estado tiene 7 macrohogares de ancianos, de los cuales el Santa Marta de Mendoza capital es el más poblado con casi 100 abuelos, pero según admitió el titular de la Dirección de Adultos mayores, Aldo Sáez, todos esos asilos tienen en promedio el 90% de ocupación, situación que no es nueva ni tampoco mejoró con las distintas administraciones.

"Hay que tener en cuenta que nosotros trabajamos con los abuelos que no tienen red familiar, es decir que no tienen vínculos, por eso con ellos hay que hacer un fuerte trabajo social. Algunos tienen obra social, como Pami, pero la gran mayoría no. Entre ellos hay muchos extranjeros", precisó Sáez, quien si bien admitió que en algunos de esos asilos puede faltar personal en lo asistencial, como cuidadores, en general se ha buscado profesionalizar al equipo humano que cuida y acompaña al anciano.

Debido a que son hogares estatales, para que funcionen siguiendo las exigencias de la ley de habilitaciones, el Estado debe autocontrolarse.

"Estamos con 7 expedientes de habilitación en el mismo Ministerio de Salud, para poder pasar todos los controles y exigencias de lo que es seguridad e higiene. Si bien somos parte del mismo ministerio vienen los técnicos a controlar lo que sea necesario, los planes de contingencias y las situaciones edilicias que cuando asumimos ni existían", apuntó Sáez.

El funcionario es el mentor de cambios que se le podrían imprimir a un proyecto de ley que hoy se trabaja en comisiones de la Legislatura de Mendoza y que cambiaría la forma de controlar e inspeccionar el servicio en 4 áreas: nutricional, psicológica, social y de derechos.

Buscan que la habilitación sea más integral y social

Un proyecto que data del 2008 y tiene media sanción en diputados sería el punto de partida para cambiar la mirada sobre las exigencias que se les impondrán de ahora en más a quienes pretendan abrir un geriátrico.

"Parte de un tipo de regulación que se aplica en la Ciudad de Buenos Aires, que busca la habilitación integral. Hasta ahora eran habilitaciones miradas desde lo edilicio o físico, lo que buscamos es que tenga una mirada más social: vamos a mirar el servicio del geriátrico, queremos que la familia se comprometa y se especifique cuantas veces visitan a ese anciano. Va haber un cuerpo interdisciplinario que vaya a los geriátricos y tenga un registro con la documentación de los pacientes para saber quiénes están allí y no pase lo que ocurrió hace tiempo en Maipú, que haya un listado de los profesionales que prestan servicios y porque ellos también serán responsables", detalló la diputada oficialista Marcela Fernández, quien impulsa estos cambios.

En principio, el borrador sobre las modificaciones estaría listo para votarlas al regreso del receso invernal.

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