Por Juan Manuel [email protected]
Desde las cámaras empresariales aseguran que no están en contra de la instalación de la feria si es que tributan y cumplen las mismas condiciones legales que ellos. Buscan una ley para regularlo.
Desde las cámaras empresariales aseguran que no están en contra de la instalación de la feria si es que tributan y cumplen las mismas condiciones legales que ellos. Buscan una ley para regularlo.
Por Juan Manuel [email protected]
La titular de la Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Mendoza, Susana Cavallaro, fue muy clara al señalar que no tienen problema con la instalación, siempre y cuando se dé dentro del marco de la legalidad y que cumplan con los mismos requisitos que se les exigen a ellos.
“A los comerciantes nos dejaron como los malos de la película, pero nadie se sentó a ver los costos que nosotros tenemos. El problema es más profundo de lo que se está mostrando. Acá se limitó a decir que estamos en contra, pero no es así”, manifestó enojada Cavallaro.
Y fue enfática al agregar que “lo que viene con La Salada es competencia directamente desleal. Porque no tributan, ni pagan cargas sociales ni IVA. No está especificado el origen de la mercadería”.
Y las dudas de la comerciante no son infundadas. Diario UNO, en su edición del 19 de abril, reveló cómo es la ruta “tarifada” hasta La Salada que tienen que hacer los dueños locales de los persas de la provincia para adquirir la mercadería.
Lo que la puso al descubierto fue una ola de robos que tuvieron aquellos que iban a Lomas de Zamora a adquirir la mercadería. En su momento, un comerciante de calle General Paz admitió que “deben haber viajado con el doble o el triple de dinero del que dicen que les robaron, porque si decís que llevas más, ¿cómo lo justificás?”.
Esta es la principal oposición que existe por parte del empresariado mendocino ante la llegada de La Salada, de la que aseguran que se trata de “un gran negocio inmobiliario”.
Igualmente la elección de Mendoza no fue azarosa por parte del CEO del “shopping de los pobres”, como llama a su feria Jorge Castillo. Desde un principio dejó en claro que su principal objetivo está puesto en el mercado chileno.
“No estamos en contra de la instalación de un shopping, porque sabemos que es legal. La competencia es competencia, en algún momento el mercado se va a saturar y cada uno peleará con sus armas, pero con iguales condiciones para todos”, remarcó Cavallaro.
Desde la Federación Económica de Mendoza van en el mismo sentido al asegurar que “si bien no nos oponemos a la instalación de nuevos complejos comerciales, queremos dejar en claro que estos negocios deben competir en igualdad de condiciones con el resto de los comercios mendocinos”.
La realidad marca que aún La Salada no tiene un punto fijo y se tendrá que enfrentar a un proyecto de ley que pretende regular su situación, lo que hace muy complicado que pueda abrir sus puertas este año.
En la Legislatura ya tratan dos proyectos para salirle al cruceEn la Legislatura hay un proyecto de ley del diputado demócrata Aldo Vinci, que es tratado en las comisiones de Economía y de Legislación de Asuntos Constitucionales, que pretende darle un marco regulatorio a la instalación de La Salada en Mendoza.
También hay otro que suspende la instalación de ese tipo de ferias por el lapso de 180 días. Ambos cuentan ya con estado parlamentario pero no tienen fecha para su tratamiento dentro del recinto.
¿Qué estipula el primer proyecto? Básicamente genera un marco regulatorio para la instalación, ampliación, modificación y funcionamiento de los establecimientos comerciales de múltiples puntos de venta denominados ferias internadas, multipunto o cooperativas de comerciantes en Mendoza.
Dentro de los fundamentos de esta iniciativa se manifiesta que “este tipo de establecimientos suelen padecer serias deficiencias en materia de construcción, seguridad e higiene y en la mayoría de los casos se incumplen obligaciones tributarias, laborales y previsionales”.
Y agrega que “se hace necesario evitar la venta informal, limitando la competencia desleal; creando una normativa específica que regule los establecimientos comerciales mencionados a efectos de que los obligue a desempeñarse en igualdad de condiciones con el comercio legalmente establecido en la provincia.
Desde el PD manifestaron que la idea es que se logre la suspensión por 180 días de la instalación de este tipo de ferias hasta que se pueda generar el marco legal correspondiente.
Esta ley creará un Ente Contralor de Ferias Internadas que estará compuesto por las diferentes cámaras de comercio además de un representante por fuerza política de la Legislatura.