Mendoza - Alfredo Cornejo Alfredo Cornejo
sábado 16 de diciembre de 2017

La guerra del ítem aula se dilató para 2018

El Gobierno logró derrumbar la sentencia inminente de la Sala II de la Corte y que esta sea tratada por todos sus miembros. Los siete ministros del tribunal tendrán 56 días hábiles desde febrero para resolver la legalidad planteada. Indignación del SUTE.

En una jugada político-judicial inesperada: el Gobierno provincial consiguió ayer,hacer caer la inminente sentencia sobre la constitucionalidad del ítem aula y dilatar esa resolución para, quizás, abril de 2018.

Así, logró arrastrar a toda la Suprema Corte mendocina a la guerra del ítem aula, luego de que dos miembros del máximo tribunal, aceptaran un planteo de última hora de la Asesoría de Gobierno y postergaran el fallo de los tres supremos de la Sala II, para que la discusión la resuelvan todos los miembros del cuerpo, que son siete y conforman el Pleno de la Corte.

En términos futbolísticos, el gobierno de Alfredo Cornejo tenía el partido del ítem aula casi terminado, en tiempo de descuento, con un empate que no le gustaba como resultado. Con la jugada táctica de ayer, logró abrir un impensado tiempo suplementario y volver de nuevo al partido, aunque como siempre, todo dependerá de los árbitros, es decir, de la Corte, que tiene la última palabra.

La novedad desencajó para mal a varios de los jueces del máximo tribunal y desató la furia del SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación), gremio que impulsó el planteo de inconstitucionalidad contra el ítem aula, que esperaba la sentencia ayer y que deberá aguardar, quizás hasta abril del año que viene.

Las miradas torcidas hacia el Poder Ejecutivo no son antojadas. Tras esta movida, hay una implacable sospecha cargada de enojo en la Justicia y una clara convicción en el SUTE de que el gobierno de Cornejo se enteró por anticipado del contenido y del fallo (lo que está totalmente prohibido) y accionó para bajarlo, al menos, por unos meses.

Desde comienzo de la semana, se habló de que el fallo de la Sala II salía de un momento a otro. Los supremos Omar Palermo y Mario Adaro habían hecho sus votos y firmado la sentencia, y sólo faltaba José Valerio, el juez que llegó al máximo tribunal de la mano de Cornejo.

Afirman que Valerio, quien está presidiendo la Sala II, no había firmado y entregado su voto, por lo que la sentencia no se formalizaba.

Cuando parecía que los plazos se agotaban, apareció ayer por la mañana la Asesoría de Gobierno y les solicitó a Valerio y al presidente de la Corte, Jorge Nanclares, que la sentencia fuera resuelta por el Pleno del tribunal, esto es, los siete jueces.

En menos de dos horas, Nanclares y Valerio hicieron lugar al pedido, quedando ya sin valor jurídico y en el cajón la sentencia pendiente –que estaba a punto de salir–, convocando así a todos los ministros de la Corte para que se expresen sobre el caso.

Aunque la Asesoría de Gobierno funciona como un órgano independiente del Poder Ejecutivo, los protagonistas ven detrás de ella la mano de Cornejo y una jugada imposible de hacer sin tener conocimiento previo de lo que la Sala II iba a fallar.

"Es un golpe institucional"
Lo que desde la Justicia algunos no dicen a viva voz, lo dijo indignado el líder del SUTE, Sebastián Henríquez.

Evaluó: "Probablemente el Gobierno no quiere hacer la paritaria salarial en febrero, con el fallo resuelto, porque seguramente la Corte nos habría dado la razón de que es ilegal descontar el ítem aula por hacer paro, ya que para eso se aplica el descuento del día no trabajado".

Explicó: "El Ejecutivo quiere las manos libres para descontar el ítem y el día no trabajado ante una posible huelga y para ello necesita que en febrero la causa no esté resuelta".

La sospecha de Henríquez se condice con los plazos del Pleno para arribar a una sentencia.
Cada juez de la Corte tendrá, como manda la ley, ocho días hábiles para emitir su voto, cuando se trata de un fallo del Pleno. Multiplicado por siete jueces, son 56 días hábiles. Como viene la feria judicial de enero, empezarán a contarse a partir de febrero, postergando la sentencia del Pleno de la Corte para abril.

Por eso, el titular del SUTE no dudó en afirmar: "Esto es un golpe institucional. Cuando la sentencia estaba a punto de salir con los tres miembros de la sala, después de haberse agotado todas las etapas procesales, el Gobierno, evidentemente con información de cómo era el fallo, sale ya no a dilatar sino a destruir la sentencia, en un acuerdo político con los jueces Valerio y Nanclares. Esto tiene una sola explicación política: el Gobierno sabía lo que se venía y quiso destruir esa sentencia".

Henríquez aseveró: "Esto es gravísimo y sólo puede hacerse con jueces adictos al Gobierno en la Corte", colocando al nuevo titular del tribunal, Jorge Nanclares, y al supremo José Valerio bajo la lupa.
Anticipó, además, que el lunes harán una batería de presentaciones judiciales y una movilización al mediodía en el Palacio de Justicia.

Antes de fin de año
Lo que podría demorar hasta abril por los plazos también podría resolverse antes de que termine el año.
El fallo del ítem aula podría demorar apenas unos días, si 4 de los 7 jueces de la Corte acuerdan y votan la sentencia en la última semana de 2017 imponiéndose por mayoría. En esa hipótesis el Gobierno lleva más las de perder que las de ganar.
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